El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo reglamento de retornos que busca fortalecer la política migratoria de la Unión Europea. La normativa, que obtuvo 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, habilita a los Estados miembros para deportar a migrantes a centros de retorno en países externos, siempre que se hayan firmado acuerdos previos y se respete el principio de no devolución. Este enfoque sigue el modelo implementado por Italia, que ha enfrentado una creciente presión migratoria desde el Mediterráneo.
Entre las novedades, la legislación establece la obligación de que los migrantes cooperen activamente en su proceso de retorno, con sanciones para aquellos que no lo hagan. Se contempla también el internamiento de migrantes por hasta 12 meses si se considera que representan un riesgo de fuga o por motivos de seguridad, y la posibilidad de una detención prolongada y arbitraria en que se encuentran preocupaciones sobre derechos humanos en estos centros. A pesar de estas disposiciones, el texto fue rechazado por varios grupos de izquierda, que denunciaron su alineación con políticas de extrema derecha y alertaron sobre la potencial violación de derechos fundamentales.
Con la aprobación de este reglamento, que se considera uno de los pilares de la política migratoria europea, se inicia un proceso de negociación entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento, en la que se espera que se logren compromisos rápidos dada la proximidad de los textos discutidos. Sin embargo, las críticas sobre el enfoque del reglamento y su posible impacto en los derechos de los migrantes continúan resonando en el debate público.
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