La empresa de reciclaje de cadáveres animales en Puertollano acumula cuatro expedientes previos a su intervención y multas

La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, Mercedes Gómez, ha revelado que la empresa de procesamiento de cadáveres animales, Animal By Products (ABP Solutions), acumulaba desde finales del año pasado cuatro expedientes sancionadores. Esto se debe a inspecciones que detectaron deficiencias que contravienen la autorización medioambiental integrada, así como incumplimientos en materia de seguridad industrial. Como resultado, se ha suspendido cautelarmente la autorización medioambiental integrada de la empresa.

Durante una rueda de prensa tras su intervención en un curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha en Puertollano, Gómez informó que, tras la suspensión de la autorización, se solicitó a ABP Solutions la mejora de su sistema productivo mediante la implementación de ciertas medidas correctoras. Este procedimiento se encuentra «aún en curso» precisamente en el momento en que la Consejería de Desarrollo Sostenible recibió la notificación de la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que investiga a la compañía por graves incumplimientos medioambientales y de seguridad laboral.

El Gobierno regional está actualmente a la espera de que tanto la Guardia Civil como el juzgado competente, o incluso la Fiscalía de Medio Ambiente, se pronuncien sobre posibles medidas adicionales en relación con los expedientes sancionadores. Gómez destacó que la actuación de la Consejería comenzó a finales del año pasado, antes de la intervención de la Guardia Civil, que surgió tras las denuncias de vecinos y de la empresa de transportes que maneja dichos residuos.

La consejera subrayó que los expedientes aún están abiertos debido a su naturaleza cautelar, lo que significa que, en función de la evolución de la situación, la sanción podría escalar de grave a muy grave. Además, advirtió que la mayor sanción, además de la económica, sería la retirada de la autorización medioambiental integrada, lo que impediría a la empresa continuar funcionando. En cuanto a la continuidad del servicio de recogida de cadáveres animales en Castilla-La Mancha, Gómez señaló que corresponde a la Consejería de Agricultura pronunciarse al respecto.

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