La Diputación de Cuenca se pondrá a disposición de la Fiscalía en todo lo referido a la compra del local en la calle Diego Jiménez de la capital, toda vez que el Ministerio Fiscal ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el Grupo Provincial Popular el pasado mes de noviembre.
Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación «a fin de investigar el posible delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal e infracciones conexas».
Preguntado por este asunto el presidente de la Institución, Álvaro Martínez Chana, en una rueda de prensa este miércoles, ha indicado que la Diputación aún no ha recibido ninguna comunicación al respecto, pero ha asegurado que se pondrá a disposición del Ministerio Fiscal en todo lo que le requieran.
Además, ha recordado que en el apartado de ruegos y preguntas del último pleno de la Diputación ya ofreció las valoraciones oportunas en este asunto a una pregunta que el presidente del grupo, Cayetano Solana, hizo al Gobierno provincial.
En ese pleno, Martínez Chana quiso entrar en el fondo del asunto y explicó todo lo relacionado con la compra del local desde el inicio. Así, recordó cómo se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación para la compra del edifico Icona, que contó con el voto en contra del PP.
«Una adquisición que llevaba unos trámites y que el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca judicializó y, aunque se ganó en primera instancia, se ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha», recordaba Martínez Chana.
Ante la situación en la que se encontró la Diputación, «con un recurso que podría tirarse dos años en el TSJCM, se tomó la decisión de buscar alternativas a ese edificio y adquirir otro nuevo», aseguraba el presidente de la provincia.
Por eso, se le encomendó al subdirector del Organismo Autónomo de Recaudación esa búsqueda de alternativas. En un primer expediente, fechado en el 30 de marzo de 2022, se recoge una memoria de propuestas de inmuebles para acoger el organismo. Se analizan distintos inmuebles, distintos precios y se garantiza la viabilidad y la idoneidad del local situado en la calle Diego Jiménez, número 16.
«Este informe da viabilidad primero técnica, que dice que es un edificio que cumple con los requisitos técnicos. También cumple con los requisitos de viabilidad económicos, porque el metro cuadrado oscila entre los 230 euros el metro cuadrado y en el resto de edificios consultados no bajan de en no bajan de 1.400 euros el metro cuadrado».
EXPEDIENTE «IMPOLUTO»
Por eso, en la conclusión del informe, el técnico propone al equipo de Gobierno provincial, a la vista del artículo 116,4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que es factible la adquisición directa del local de la calle Diego Jiménez.
«Esto se firma en marzo de este año, tras una visita tanto de este técnico como de otros de la casa que elaboraron ya en su momento los planos. Pero al contrario de lo que hacía el PP la anterior legislatura de adquisiciones directas con propuestas del que se sentaba en la Presidencia y no de los técnicos, decidimos ser más garantistas y pedir que hicieran concurso abierto, con un pliego que se desarrolló y que decía que se compraba un local que tuviera más de 600 metros y saliera a una calle».
En el informe de valoración que hacen de otros edificios, proseguía Martínez Chana, «ya hay dos edificios que cumplen con esos requisitos, como los locales en desuso de Centro Moda o la antigua clínica Magdala». «Había hasta seis edificios en la capital que cumplen con estos requisitos», aseguraba.
Así, espetaba al presidente del grupo ‘popular’ que, «si hubieran indagado y preguntado, se le hubiera dicho lo que se le está diciendo ahora». Así, durante el pleno se preguntaba el presidente el por qué tenían en el PP esos planos del edificio, «que no aparecen en el expediente de compraventa, ni en este expediente, y que hablando con los técnicos nos aseguran que no han sacado de sus ordenadores».
También se preguntaba cómo tenían ellos esos planos. «Un funcionario público tiene el deber de custodiar documentos públicos y la sustracción de documentos tiene un nombre».
Así, ha esperado que con esta documentación que entregó en el pleno «recapaciten» y añadió que la harán llegar «a donde se tenga que hacer llegar», porque este expediente, defendía Martínez Chana, «es un expediente impoluto, creado y guiado a propuesta de técnicos de la casa».
Por otro lado, en el último pleno provincial Martínez Chana lanzaba una pregunta retórica preguntándose si esta situación pasaba antes, «porque la iglesia de Santo Domingo de Huete fue adquirida a propuesta del presidente del PP a un concejal del PP con un expediente que no cumple con la mitad de este expediente». «No quiero decir nada con esto, pero si ustedes son tan pulcros con las adquisiciones, nosotros también lo seremos».
«Lo que digo es que, nosotros, al contrario que usted y que el anterior presidente, Benjamín Prieto, hacemos las cosas de una forma coherente, de una forma que va con el estilo de política que tenemos y que creo que hemos inculcado en los últimos años y estamos muy tranquilos al respecto». Por último, Martínez Chana cerraba su intervención advirtiendo a Solana que «si se detecta cualquier tipo de incidencia en cualquier expediente, no le quepa duda que tomaremos cartas en el asunto, pero no llamaremos a la prensa para anunciarlo».
