En un Pleno provincial enmarcado por una intensa agenda, la Diputación de Albacete ha manifestado unánimemente su decisión de iniciar acciones penales contra la Fundación Urrea & Herederos. La controversia radica en la disposición indebida de más de cuatro millones de euros del capital fundacional por parte de la Fundación.
Este pasado 15 de diciembre, en el Pleno de la Diputación, se destaparon ciertas anomalías financieras relacionadas con la Fundación Urrea & Herederos, donde se reveló que gastos y honorarios profesionales, a cargo del capital fundacional, se efectuaron antes de que la Fundación tuviera constitución legal y personalidad jurídica. Esta Fundación está bajo escrutinio por estar constituida sin incluir a la totalidad de la Comunidad Hereditaria, parte integrante de la cual es la propia institución provincial.
El caso remonta a la herencia de Purificación Urrea, cuyo testamento estipulaba la creación de una Fundación enfocada en la edificación de un hospital para niños necesitados. A pesar de que la Orden Religiosa inicialmente propuesta como heredera renunció al legado, la Diputación de Albacete eventualmente se constituyó como sucesora, en tanto que la orden judicial lo requiriese para la construcción de la Fundación propuesta.
En el año 2020, la Diputación fue condenada al pago de 11 millones de euros más intereses por el rendimiento de las fincas señaladas en la herencia, desde 1968 hasta 2014, y a la entrega de bienes, rentas y frutos a la Comunidad Hereditaria para la efectiva constitución de la Fundación.
La Vicepresidencia de la Diputación alegó que la constitución de la Fundación por parte de algunos herederos fue unilateral y sin consideración al procedimiento notarial oficialmente designado. Además, se hizo eco del manejo irregular de fondos destinados para gastos ajenos a la misión de la Fundación, instando a la deducción de testimonio de posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida.
La institución provincial, tras notificar estos incidentes al Registro de Fundaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha confirmado la tramitación de expedientes y el acuerdo plenario para proceder legalmente en defensa de los intereses legítimos de la herencia y, por extensión, del bienestar social de la provincia.
En adición a este punto, en el Pleno también se aprobaron mociones del Grupo Popular y de Vox, referentes a la modernización de inventarios municipales y al ahorro energético en entidades locales, respectivamente, aspectos en los que la Diputación ya viene trabajando activamente.
