En una reunión clave celebrada en el Palacio Provincial, Miguel Ángel Valverde Menchero, presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, se reunió con representantes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ciudad Real para abordar la urgente necesidad de informatizar los centros de examen teórico de conducción en Alcázar de San Juan. Esta iniciativa, impulsada por las nuevas directrices de la Dirección General de Tráfico (DGT), busca modernizar los procesos de examen mediante la implementación de sistemas informatizados a partir del próximo año.
José Pedro Arteaga y Noelia Sevilla, presidente y secretaria técnica de la asociación, expresaron su preocupación a Valverde Menchero destacando las dificultades que enfrentan para cumplir con el plazo impuesto por la DGT. Mientras otras localidades como Tomelloso, Puertollano y Valdepeñas ya han implementado estos sistemas gracias al apoyo de sus ayuntamientos, Alcázar de San Juan aún enfrenta barreras financieras para adquirir los equipos tecnológicos necesarios.
En el encuentro, José Pedro Arteaga explicó que, pese a haber mantenido conversaciones con la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, quien ofreció colaborar en aspectos como el aula y el mobiliario, el gran desafío sigue siendo la financiación de los equipos informáticos. La inversión, consideran, es significativa y crucial para evitar que los aspirantes tengan que desplazarse a Ciudad Real, lo cual traería múltiples inconvenientes tanto para los estudiantes como para las autoescuelas locales.
Valverde Menchero, demostrando interés por la problemática planteada, se comprometió a analizar la viabilidad técnica y económica de la solicitud presentada, consciente de la urgencia de encontrar una solución efectiva. Con la fecha límite de enero en el horizonte, la Asociación Provincial de Autoescuelas espera que en las próximas semanas se logre un acuerdo que garantice la informatización de los exámenes en Alcázar de San Juan, asegurando así igualdad de condiciones para todos los aspirantes en la provincia.
El caso plantea la cuestión de cómo los organismos locales pueden adaptarse a las normativas nacionales garantizando al mismo tiempo el acceso equitativo a los recursos necesarios para las comunidades que aún enfrentan desafíos financieros y logísticos en la modernización de sus servicios educativos y de formación.
Fuente: Diputación de Ciudad Real
