La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la preocupante falta de personal en el Juzgado de Violencia de Género de Ciudad Real, a pesar del aumento de aproximadamente un 10% en el número de casos abiertos en este órgano.
Esta problemática se ha visto agravada en los últimos meses, no solo en los Juzgados de la capital, sino en toda la provincia, según ha informado el sindicato en un comunicado de prensa.
«Las estadísticas demuestran que el número de diligencias abiertas por delitos relacionados con violencia de género, así como el incumplimiento de órdenes de protección y las medidas civiles derivadas de estos delitos, continúan en aumento. Según el informe anual del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al año 2022, se ha registrado un incremento del 9,6% en la litigiosidad en el ámbito penal», menciona la nota de prensa de la CSIF.
El responsable provincial de CSIF Justicia, Alfonso Sánchez-Castellanos, destaca que «este aumento de la litigiosidad no puede ser soportado a largo plazo por los funcionarios, quienes se encuentran exhaustos y desmotivados debido a la falta de recursos tanto humanos como materiales».
Asimismo, señala que la «comarcalización» propuesta para estos juzgados, como consecuencia de la modificación de la Planta judicial (RD 954/2022 de 15 de noviembre), «no es la solución a un problema estructural».
Además de estas deficiencias, CSIF destaca que las bolsas de trabajo de Castilla-La Mancha en el ámbito de justicia se encuentran casi agotadas y no se están cubriendo adecuadamente las bajas que se producen.
En opinión de CSIF, la solución pasa por la creación de nuevos juzgados equipados con los recursos necesarios para la implementación y desarrollo de una justicia moderna, coordinada con otros operadores, así como por la ampliación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, la recuperación del complemento salarial que se venía percibiendo en los juzgados de violencia y la regulación de un servicio de guardia remunerado de manera adecuada para los funcionarios, quienes realizan jornadas maratonianas, con el fin de brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía.
«Está claro que no se pueden llevar a cabo las distintas reformas procesales aprobadas si no hay una financiación y dotación de recursos que permitan su correcta aplicación», concluyó Sánchez-Castellanos.
