El Gobierno amplía el plazo de licitación mientras Asisa evalúa absorber a los mutualistas en solitario ante la falta de acuerdos
La crisis de Muface, la mutualidad que ofrece asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, atraviesa un momento crítico tras la retirada de DKV y Adeslas. Ambas aseguradoras han renunciado a renovar su contrato debido a las pérdidas económicas que acarrearía el nuevo convenio, lo que deja en vilo el futuro de la mutualidad. El Gobierno ha decidido ampliar el plazo de licitación hasta el 27 de enero, dando un respiro a las partes implicadas, pero sin garantías de una solución definitiva.
Asisa, la única aseguradora que todavía evalúa su participación, estudia si puede absorber en solitario a los mutualistas que optan por la asistencia concertada. Sin embargo, fuentes de la aseguradora han señalado que el coste del nuevo contrato supera ampliamente el margen comercial, dejando en evidencia la falta de sostenibilidad económica de la propuesta actual.
Las pérdidas económicas detrás de la crisis de Muface
Las aseguradoras que han abandonado Muface argumentan que las condiciones económicas del nuevo contrato son inviables. DKV, por ejemplo, estimó que las pérdidas derivadas del convenio 2025-2027 superarían los 70 millones de euros anuales, mientras que Adeslas calculó pérdidas de 250 millones de euros en los próximos tres años. Ambas compañías pidieron un incremento de primas que el Gobierno no estuvo dispuesto a aceptar en los términos propuestos.
El problema principal radica en que el nuevo modelo de licitación no compensa el aumento del gasto sanitario público. Mientras el Gobierno planteó un incremento de la prima del 33,5% en tres años, las aseguradoras demandaban ajustes más inmediatos y significativos. La normativa contable IFRS17, que obliga a imputar las pérdidas de contratos de larga duración desde su inicio, ha sido otro factor determinante en la salida de las aseguradoras.
Los próximos pasos en la licitación y la incertidumbre para los mutualistas
Con la ampliación del plazo de licitación, el Gobierno busca ganar tiempo para encontrar una solución viable. Mientras tanto, los mutualistas tienen hasta el 31 de enero para cambiar a los servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas si no desean continuar con la cobertura actual. Este proceso, aunque necesario, genera dudas sobre la capacidad de absorción de los servicios públicos en caso de un éxodo masivo.
La falta de acuerdos entre las partes y el impacto económico del modelo actual de Muface son síntomas de un sistema que necesita reformas estructurales. El tiempo apremia, y tanto las aseguradoras como los mutualistas esperan una solución que permita garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio en el futuro.
