Donald Trump se enfrenta a un desafío significativo en la Corte Suprema, donde los jueces parecen listos para cuestionar su uso de aranceles, una herramienta central en su política económica y exterior. En una reciente audiencia, se debatió si el presidente ha abusado de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada por Trump para justificar tarifas generalizadas a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. El tribunal, históricamente favorable a sus políticas, ahora parece inclinado a cuestionar la legalidad de este enfoque, sugiriendo que podría ser necesario un respaldo legislativo para imponer impuestos.
Las intervenciones de los jueces, incluyendo cuestionamientos sobre si el Ejecutivo tiene el derecho de gravar sin la aprobación del Congreso, presagian un posible fallo desfavorable para Trump. Las dudas sobre la interpretación de «regular importaciones» en este contexto y la falta de precedentes sólidos en su defensa podrían dejar a la administración en una posición comprometida si la Corte decide limitar sus poderes. Este veredicto podría resultar en la devolución de hasta 90,000 millones de dólares recaudados, lo que Trump ha calificado de un “desastre para la economía”.
Más que solo un impacto financiero, lo que está en juego es el equilibrio de poderes en el gobierno estadounidense. Un fallo que restrinja las acciones del presidente sería una oportunidad para restaurar la confianza en la Corte Suprema, cuya reputación ha sufrido en los últimos años. La espera por la decisión final, que se dará a conocer en 2026, puede no solo definir la política de Trump, sino también el futuro del sistema de controles y balances en el país.
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