La jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Washington DC, ha suspendido la aplicación ampliada de las deportaciones exprés impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Esta medida había sido utilizada para acelerar la expulsión de migrantes, aprovechando normativas antiquísimas para simplificar los procesos. Desde el regreso de Trump a la presidencia, el Departamento de Seguridad Nacional había intensificado sus esfuerzos para acelerar la salida de personas migrantes, extendiendo el uso de estas herramientas más allá de sus fines originales.
Cobb ha señalado que el gobierno ha interpretado de manera excesiva la legislación, aplicándola no solo a quienes son detenidos en la frontera, sino también a aquellos que llevan tiempo residiendo en el país. Este enfoque, advirtió, podría tener repercusiones serias al potencialmente afectar a cualquier persona, incluidas ciudadanos estadounidenses, si el gobierno les acusa de haber ingresado ilegalmente al país. La jueza enfatizó que esta interpretación sin restricciones podría limitar el acceso a recursos legales para los afectados.
En el contexto de esta decisión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya se había expresado en contra de leyes que facilitaban las deportaciones, estableciendo que los extranjeros necesitaban un plazo razonable para defenderse. La resolución de Cobb destaca la importancia de permitir una defensa justa, protegiendo así los derechos de quienes enfrentan posibles expulsiones.
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