El Consejo General del Poder Judicial ha recibido una carta de queja por parte de la Sociedad Gitana Española en relación al caso de los niños gitanos Ángel y Fernando que desaparecieron en Madrid y fueron encontrados muertos en un vertedero en Toledo en circunstancias muy sospechosas. En el escrito, la Sociedad Gitana exige que se abra una investigación profunda sobre las acciones del juez instructor de Toledo en este caso y que se le pida explicaciones por la prolongación del secreto de sumario de mes en mes, sin dar ninguna explicación a los padres ni a la familia afectada.
La Sociedad Gitana explica que, hasta la fecha, no se ha proporcionado ninguna información oficial a los padres ni a los familiares, quienes han tenido que enterarse a través de los medios de comunicación de la aparición de los cuerpos de los niños. Según la Sociedad Gitana, la actuación tanto de la Policía Nacional como del propio juzgado ha creado lagunas de sospecha y una situación de indefensión para la familia, violando sus derechos fundamentales.
La Sociedad Gitana también critica la emisión de órdenes sospechosas que atentan contra los derechos fundamentales de los padres de los fallecidos, así como la negativa del juzgado a permitir el acceso a la información disponible, como fotos, videos o el informe del forense judicial, para poder emitir un informe de autopsia profesional privado. La prolongación de la causa y el secreto de sumario contravienen los intereses propios de la justicia para esclarecer toda la verdad.
La Sociedad Gitana exige que se abra una investigación profunda sobre las decisiones y acciones del Juez Instructor de Toledo en este caso y que se le pidan explicaciones al respecto. La ley no obliga a practicas que obstruyan la justicia, ni a la negativa de responder a forenses y abogados contratados por la familia y afectados. El silencio ante las solicitudes y requerimientos solicitados por estos profesionales es un obstáculo a los intereses propios de la verdad por los que se defiende la justicia.
