La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su rol de gestor de cuencas hidrográficas, ha completado el inventario de localidades que han de elaborar nuevos planes de gestión en pro de la sostenibilidad y el tratamiento de aguas residuales. La disposición se alinea con la normativa reciente, el Real Decreto 665/2023, que redefine las exigencias en torno al saneamiento de aguas en la cuenca del Tajo.
Dicho organismo, que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha identificado que la disposición alcanza a diversas poblaciones en las provincias de Toledo y Guadalajara, así como otras áreas circundantes del río Tajo y sus tributarios.
Con un plazo establecido, los municipios han de presentar sus Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento (PIGSS). Estos planes cimientan la estrategia para mejorar el control de los vertidos y la prevención de la contaminación, en especial durante incidentes pluviales que pudieran ocasionar desbordamientos nocivos para el medio ambiente.
Los PIGSS sirven también como hojas de ruta, donde se delimitan las partes involucradas y sus funciones en la ejecución efectiva de dichos planes. Durante los tres primeros años, es un deber de las autoridades locales y otras instancias poner en práctica las medidas establecidas, desde el mantenimiento recomendado hasta túneles de previsión pluvial.
La normativa, detallada en el apartado «Disposición adicional 2ª del RDPH», estipula que los inventarios deben realizarse por parte de las autoridades facultadas y deben abarcar tanto a aglomeraciones grandes como a las de escala intermedia. Este punto ha llevado a la inclusión tanto de núcleos de más de 50,000 habitantes-equivalentes como aquellos en el margen entre 10,000 y 50,000 y de 2,000 a 10,000, siempre y cuando se encuentren particularmente expuestos a escenarios de alto riesgo de deterioro de las fuentes de agua por carga de nutrientes procedentes de residuos.
Finalmente, luego de un examen cuidadoso, el saldo es un compendio que involucra a 66 núcleos urbanos de la demarcación española del Tajo, en los que residen aproximadamente 9.915.883 individuos. Estas poblaciones tienen ahora la tarea de desarrollar sus PIGSS bajo diversas fechas límite, situándose ante un horizonte de mejoras tangibles en materia de gestión y tratamiento de las aguas residuales.
