La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha interpuesto un total de 38 expedientes sancionadores en los últimos cinco años (2020-2025), de los cuales ocho han sido dirigidos a ayuntamientos, en relación con la conservación de cauces y otras actuaciones sobre el dominio público hidráulico, como la tala de árboles o la extracción de áridos. Así lo expresó el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, durante la firma de un convenio con la Diputación, donde abordó las quejas de pequeños municipios, en particular de la provincia de Guadalajara, acerca de las sanciones impuestas por este organismo.
Yáñez indicó que, desde 2020, se han registrado siete sanciones en la provincia relacionadas con la conservación de cauces, de las cuales cuatro han sido a entidades locales. Al incluir otras acciones sobre el dominio público, el número total de expedientes sancionadores asciende a 38. En respuesta a las críticas sobre un supuesto afán recaudatorio de la CHT, el presidente aclaró que solo el 4,8% de la recaudación provenía de sanciones, la mayoría derivadas de captaciones ilegales. «Si tuviéramos que vivir de las sanciones que ponemos, no cobrábamos a final de mes», destacó.
Durante su visita a Guadalajara, Yáñez también presentó datos sobre las solicitudes de autorización para actuar en cauces, que alcanzan casi un centenar en 2024. De estas, 73 han sido aprobadas y 25 denegadas, en comparación con las 58 autorizaciones concedidas en 2020, de las cuales solo una fue denegada. Atribuyó el incremento en las solicitudes a la nueva figura de la declaración responsable, que ha generado algunos problemas en su aplicación debido a la falta de experiencia.
El presidente de la CHT subrayó que está dispuesto a atender a todos los alcaldes que lo soliciten, independientemente del tamaño de sus municipios, enfatizando que «el que diga lo contrario, falta a la realidad».
En relación a la depuración de aguas, otro tema sensible para muchos municipios, Yáñez aclaró que esta es una competencia local. La CHT se encarga de la vigilancia y control de los cauces, y cualquier denuncia por vertidos provoca la intervención de sus funcionarios. Reconoció que la situación exige atención y espera que la próxima directiva de aguas residuales, actualmente en estudio, brinde soluciones a los pequeños municipios, que a menudo carecen de recursos para cumplir con la normativa.
El presidente de la Diputación, José Luis Vega, también intervino, pidiendo que se evite demagogia en esta cuestión. Reconoció que muchos ayuntamientos pequeños enfrentan dificultades para cumplir con las leyes vigentes y abogó por la elaboración de un estatuto del pequeño municipio que delimite claramente las competencias asumibles, insistiendo en que estas deben ir acompañadas de la financiación correspondiente. Vega enfatizó que los ayuntamientos no pueden hacer frente a las sanciones que se les imponen, resaltando la necesidad de considerar las diferencias entre municipios grandes y pequeños a la hora de redactar las leyes.
