En las últimas semanas, Kenia ha sumado un capítulo dramático a su historia reciente con protestas juveniles sin precedentes en más de diez años. Convocadas a través de redes sociales y aglutinadas bajo el hashtag #RejectFinanceBill2024, miles de jóvenes han salido a las calles en una acción colectiva contra una propuesta de ley que contemplaba una escalada en el nivel impositivo del país. Las manifestaciones, iniciadas de manera pacífica, escalaron a niveles críticos con la irrupción de protestantes en el Parlamento y la lamentable cifra de al menos 39 jóvenes fallecidos a manos de una represión policial que culminó con el uso de munición real. Ante la creciente tensión, el presidente William Ruto se vio forzado a retirar la iniciativa legislativa que pretendía aplicarse a partir de julio, intentando así aplacar los ánimos. Sin embargo, el malestar contra su administración persiste, con multitudes exigiendo su renuncia.
Esta serie de eventos muestra el enorme desafío que enfrenta Kenia, y África en general, en la instauración de un sistema tributario justo y sostenible. El país, atrapado en un ciclo de deuda que alcanzó un histórico 73.26% del PIB en 2023, y bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incrementar sus ingresos fiscales, intentó aplicar una política de aumento de impuestos que solo ha exacerbado el malestar ciudadano. Dicho malestar se funda en la percepción colectiva de que, lejos de financiar servicios públicos beneficiosos, los impuestos se destinan a solventar deudas ajenas y engrosar las arcas de una élite política corrupta.
Este panorama se complica al revisar la historia reciente de corrupción en el país, donde figuras como Henry Rotich y Kamau Thugge, anteriormente capturados en operaciones anti-corrupción, han retornado a puestos clave en la gestión económica del país bajo la presidencia de Ruto. Este contexto contribuye a esclarecer el sentimiento de desconfianza y frustración que permea a la sociedad keniana.
La propuesta de ley rechazada pretendía, entre otras cosas, duplicar el IVA en productos de consumo básico y en servicios esenciales, lo cual hubiera supuesto una carga desproporcionada para la mayor parte de la población, ya de por sí afectada por un contexto económico adverso. La estrategia de incrementar la recaudación fiscal a través de gravámenes al consumo es cuestionada en un escenario donde la economía informal juega un papel preponderante, y donde medidas de este tipo podrían no solo ser ineficaces sino profundamente injustas.
Las manifestaciones en Kenia han emergido como un reflejo del descontento profundo hacia un sistema percibido como excluyente y desigual. La juventud keniana, en un gesto de resistencia y exigencia de justicia fiscal, ha protagonizado un movimiento que trasciende fronteras y se erige como un llamado a la revisión de las políticas fiscales y de deuda en el continente africano. En este contexto, las comparaciones con movimientos similares en otros países, donde las demandas fiscales han catalizado cambios fundamentales, sugieren un momento crítico para Kenia y posiblemente para toda África.
El episodio keniano pone en evidencia la complejidad de implementar reformas fiscales en países con altos niveles de informalidad laboral y desigualdad económica, y plantea interrogantes sobre el papel de instituciones como el FMI en la promoción de políticas que, lejos de aliviar las cargas económicas de los más vulnerables, parecen profundizarlas. En este escenario, la lucha de los jóvenes kenianos por la justicia fiscal y contra la corrupción adquiere una dimensión emblemática, recordándonos la importancia de la equidad y transparencia en la gestión pública para la construcción de sociedades más justas y sostenibles.
