En un nuevo capítulo de tensiones entre los aliados de la OTAN, la Casa Blanca ha reiterado su posición firme respecto a que todos los miembros de la alianza, incluida España, deben comprometerse a destinar un 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) a defensa. Esta declaración llega justo después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, manifestara directamente al secretario general de la OTAN su negativa a aceptar un aumento del presupuesto en defensa que supondría alcanzar dicho porcentaje.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en una reciente rueda de prensa, expresó que aún no había tenido la oportunidad de revisar los comentarios emitidos por España pero aseguró que transmitiría la posición española al presidente. Leavitt subrayó la importancia de que todos los países europeos «paguen su parte justa» y alcancen el umbral del 5 % del PIB en defensa, considerándolo «lo justo» dada la considerable inversión económica que los Estados Unidos han hecho en apoyo a los intereses mutuos y la defensa de la alianza.
Esta insistencia de la Casa Blanca surge en un momento de creciente debate sobre el gasto en defensa dentro de la OTAN, especialmente después de que Sánchez calificara la propuesta del 5 % como «irracional y contraproducente» para España. El mandatario español argumentó que alcanzar dicho porcentaje es incompatible con el mantenimiento del estado del bienestar en el país y contraviene su visión del mundo, además de subrayar el derecho legítimo de cada gobierno a decidir sobre la realización de «sacrificios» como el aumento de impuestos a la clase media o el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales.
Ante esta situación, en una carta dirigida a Mark Rutte, Sánchez ha propuesto una alternativa más «flexible» para la próxima cumbre de la OTAN en La Haya, sugiriendo que el objetivo del 5 % sea opcional o incluso que se excluya a España de cumplir con este requisito.
Este tenso escenario recalca la complejidad de equilibrar las demandas de seguridad colectiva con las realidades económicas y sociales internas de cada país miembro de la OTAN, evidenciando la divergencia de visiones entre los Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos, como España, en cuanto al gasto en defensa. La resolución de esta discordancia se perfila como un reto clave para la cohesión futura y la eficacia operativa de la alianza atlántica.
