El día de hoy, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) entregó al Congreso de los Estados Unidos la solicitud principal del presupuesto discrecional del presidente Trump para el año fiscal 2026. Este presupuesto, que contempla una reducción de 163 mil millones de dólares en el gasto discrecional no defensivo, marca una disminución del 23 por ciento respecto al nivel de 2025. La administración asegura que este ajuste pretende desmantelar lo que ellos denominan un «estado profundo» que ha sido «armado» contra el pueblo estadounidense, mientras que se incrementan de manera histórica las asignaciones para defensa y seguridad fronteriza.
Con este presupuesto, se establece que el nivel de gasto no defensivo es el más bajo desde 2017. Las ahorros se obtienen al eliminar programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión, así como los fondos destinados a iniciativas que la administración considera irreales, como el Green New Deal. Además, se propone trasladar ciertos programas que son considerados más adecuados para que los gobiernos estatales y locales los administren.
El gasto en defensa experimentará un aumento del 13 por ciento, y el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional se incrementará casi un 65 por ciento. Esto busca garantizar que tanto las fuerzas militares como las agencias responsables de la seguridad fronteriza tengan los recursos necesarios para contrarrestar lo que el gobierno califica como una «invasión» en la frontera. Estos aumentos se facilitarán a través de la aprobación de la propuesta de ley «One Big Beautiful Bill», la cual promete ser aprobada con una mayoría simple en el Congreso.
El director de la OMB, Russ Vought, enfatizó que las críticas históricas sobre el gasto federal se han visto ampliadas, señalando que durante los últimos cuatro años, los gastos del gobierno se dirigieron contra los intereses del pueblo estadounidense, utilizando billones de dólares en financiamiento que, según él, alimentaron el «marxismo cultural».
En cuanto a las prioridades clave del presupuesto, se proponen acciones como la eliminación de la «armamentización» del gobierno anterior y la defensa de la ley y el orden. Asimismo, se proyecta desfinanciar programas que se consideran desviaciones ideológicas y se refuerza la seguridad en la frontera con una asignación adicional de recursos para el cumplimiento de las leyes migratorias.
Se contempla también un enfoque en la ayuda exterior, reestructurando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y eliminando gastos considerados no esenciales, alineando el financiamiento con la agenda de «América Primero».
En el ámbito militar, el presupuesto sostiene que se invertirá en la seguridad y soberanía nacional, y se priorizará la reconstrucción de la capacidad militar de Estados Unidos como fundamento para la paz a través de la fuerza. En materia energética, el plan busca restaurar la dominación energética estadounidense, desfinanciando programas relacionados con energías renovables que, según el gobierno, resultan ineficaces.
El presupuesto también incluye un compromiso firme de no afectar los beneficios de la Seguridad Social, así como una iniciativa para simplificar el financiamiento de la educación K-12, promoviendo la elección parental en la educación de los jóvenes.
Finalmente, se prevén mecanismos para fortalecer la salud pública y apoyar a los veteranos, asegurando a estos últimos el acceso a una atención médica de calidad y aumentando los fondos para programas de salud que beneficien a esta población.
Este ambicioso proyecto de presupuesto, que se sostiene sobre la base de eliminar lo que se considera «gasto desperdiciado» e «ideologías dañinas», refleja la intención de la administración de replantear la dirección fiscal y política del país de cara al futuro.
Fuente: WhiteHouse.gov
