El Gobierno regional ha destacado que la Cámara de Cuentas que prevé recuperar el Ejecutivo autonómico reforzará el control democrático de las instituciones y el derecho de la ciudadanía a una buena administración de los recursos públicos.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido así el proyecto de Ley de creación de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, durante el pleno de las Cortes regionales que se celebra hoy, donde ha afirmado que “estamos ante un proyecto legislativo que se sustenta en dos pilares de una sociedad democrática avanzada: transparencia y control de las finanzas públicas”.
Durante el debate parlamentario, Ruiz Molina ha asegurado que su principal característica y fortaleza es que será un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria, y que dependerá orgánicamente del Parlamento autonómico, lo que le permitirá actuar “sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia” en su labor de fiscalización de las finanzas públicas.
El consejero ha explicado que es el propio Gobierno regional quien se ha autoimpuesto promover la recuperación de este órgano fiscalizador externo autonómico, con la principal finalidad de ayudar al poder legislativo en la labor de vigilancia, supervisión y control de la gestión y la actividad económico-financiera del sector público regional y, fundamentalmente, del Ejecutivo autonómico.
También ha recordado que su creación es fruto del compromiso adquirido por el presidente Emiliano García-Page de recuperarlo para reforzar el control y mejorar la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, conforme a los principios de “legalidad, eficacia, economía y eficiencia”, después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante veinte años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición.
Y ha añadido que, con la futura entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son doce hasta la fecha.
Control fiscalizador
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas: el sector público regional, que comprende, la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades integrantes del sector público regional, así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, “exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta”.
Principales funciones
Además de la fiscalización externa, la Cámara de Cuentas también tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.
Ruiz Molina ha destacado las ventajas de este órgano, entre ellas, facilitar un control más directo de las finanzas públicas regionales, dada la rapidez con la que puede emitir sus informes; permitir que sus recomendaciones sean más fáciles de aplicar por la proximidad y cercanía con las instituciones que supervisa y fiscaliza; mejorar la transparencia de la actividad económica, financiera y contable del sector publico regional por el mayor nivel de detalle y profundidad con la que puede ejercer su labor fiscalizadora; y, en definitiva, fortalecer el control democrático en la gestión pública.
Estructura
Este órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación, o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales de reconocido prestigio. Su mandato será de seis años, renovable por una sola vez. La mayoría cualificada exigida “no pretende sino reforzar tanto el carácter consensuado de su designación como la autonomía e independencia en el ejercicio de su función”, ha remarcado.
También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales de reconocida competencia y se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos. De igual modo, contará con un secretario o secretaria general, que se encargará de la dirección del personal y el asesoramiento jurídico de la Cámara, entre otras funciones.
