Las dificultades para el acceso a la vivienda se han convertido en el principal escollo que afrontan los grupos más desfavorecidos, según apunta el responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés. Esta problemática es particularmente aguda entre la población inmigrante. Desde la organización urgieron a la creación de legislación que prevenga abusos, tanto de arrendadores como de arrendatarios en el contexto de la comunidad autónoma y, más específicamente, en Guadalajara.
El representante de Accem, en palabras a Europa Press, subrayó la incidencia desproporcionada del problema de vivienda entre los inmigrantes, instando a medidas que garanticen precios justos en relación a la calidad de los inmuebles. Carlés destacó que encuentran en su labor cotidiana casos de propietarios que exigen precios exorbitantes por apartamentos modestos y sin comodidades como ascensores, con rentas que pueden ascender a los 700 euros y depósitos de garantía de hasta dos meses.
Asimismo, reconoció los problemas ocasionados por inquilinos que dejan los pisos en mal estado o incumplen con el pago de la renta. Subrayó la necesidad de equilibrar la balanza entre los derechos de ambos actores en el mercado de arrendamiento.
Accem gestiona programas de vivienda con el apoyo del gobierno regional, realizando seguimiento para asegurar el buen uso y mantenimiento de estas viviendas.
La coordinación entre las entidades sociales y las administraciones fue otro punto abordado por Carlés, quien resalta que el acceso a vivienda es ahora el mayor obstáculo para la inclusión social –incluso por encima del empleo-, enfatizando la inaceptabilidad de prácticas abusivas o coercitivas en el mercado.
Respecto a los programas de acogida para inmigrantes, indicó que las plazas disponibles –aproximadamente mil en toda la región, con más de la mitad en Guadalajara– están casi completas, aunque hay capacidad para ampliarlas de ser necesario.
Carlés expresó su deseo de que la solidaridad mostrada en épocas como Navidad se extienda durante todo el año y concluyó con una llamada a la acción para establecer rutas migratorias legales y seguras que eviten las trágicas pérdidas de vidas de quienes buscan mejores condiciones de vida cruzando el Mediterráneo. Esta falta de vías legales seguras ha sido una preocupación constante para Accem, quienes abogan por soluciones humanitarias y efectivas para la migración.
