En un giro inesperado dentro de las investigaciones del denominado ‘caso Koldo’, la Audiencia Nacional ha decidido revocar la decisión de mantener embargados los lujosos automóviles propiedad de Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y figura central en las indagaciones. De Aldama, acusado de ser pieza clave en la trama de corrupción bajo estudio, se verá recompensado con la devolución de seis vehículos de alta gama, destacándose entre ellos dos Ferraris, cuyos valores oscilan entre los 200.000 y 400.000 euros.
Esta resolución surge de un auto reciente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que contradictoriamente hace eco del desacuerdo con las previas medidas impuestas por el juez instructor Ismael Moreno en marzo. Según se detalla, el mandato de entrada y registro ejecutado en febrero no autorizaba la confiscación y posterior depósito de los vehículos en cuestión, lo que ha culminado en la decisión de su devolución a De Aldama y a las sociedades vinculadas a su persona.
El tribunal, presidido por la magistrada Ana Revuelta, argumenta que el bloqueo de los bienes no contó con la fundamentación adecuada, enfatizando la falta de un juicio previo o estimación aproximada que justifique dicha medida preventiva basada en la posible culpabilidad del investigado y el beneficio económico derivado de su supuesta actividad ilícita.
Este proceder judicial no solo concierne a los ya mencionados Ferrari Portofino negro y Ferrari F12 rojo, sino también a un Range Rover, un Porche Macan, un Volkswagen Golf R 32 y un Audi A8. Un parque automotor de envidiable gama que había sido retenido bajo la sospecha de que estos activos podrían estar relacionados con o ser producto de la trama corrupta investigada.
Recordemos que Víctor de Aldama fue arrestado en el marco de la operación Delorme, acusado de beneficiarse ilícitamente con montos que, según la Fiscalía Anticorrupción, ascienden a 5,5 millones de euros. La hipótesis de la acusación sugiere que el empresario habría buscado la intermediación de Koldo García, exasesor del anterior ministro José Luis Ábalos, para favorecer la agilización de trámites ministeriales que culminarían en la adquisición de contratos para mascarillas durante la pandemia.
Este nuevo capítulo añade complejidad al ‘caso Koldo’, mientras se espera que las próximas acciones legales y judiciales continúen desentrañando la magnitud y los implicados en esta vasta red de corrupción que ha tocado fibras sensibles del sector público y sus contrataciones durante momentos críticos de salud pública.
