La Asamblea Nacional de Ecuador ha recibido una solicitud de varios partidos políticos para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presuntos delitos contra la administración pública. Esta es una situación seria que podría llevar al país a una nueva crisis política si el proceso continúa.
El juicio político es una medida prevista en la Constitución ecuatoriana y se utiliza como una forma de destituir a un alto funcionario del gobierno en caso de incumplimiento de sus deberes y faltas graves. El procedimiento aparece en el artículo 130 de la Constitución y establece que un juicio sólo puede ser llevado a cabo si una quinta parte de los miembros de la Asamblea Nacional lo piden.
La petición para un juicio político contra el presidente Lasso alega que ha cometido delitos contra la administración pública al utilizar su cargo para beneficiar a su familia y asociados. Se alega que Lasso ha utilizado su posición como presidente para influir en la adjudicación de contratos y contratos públicos, lo que ha generado ganancias para él y sus allegados.
Cabe destacar que la admisibilidad del juicio político en Ecuador es un proceso complicado y que es poco probable que sea aplicado. Por lo general, las solicitudes de juicio político son archivadas por el Congreso debido a la necesidad de cumplir con los requisitos técnicos necesarios.
Además, la acusación contra Lasso no tiene un sustento claro, ya que no ha habido ninguna investigación oficial en curso sobre el presunto delito que se le imputa. La solicitud parece ser una estrategia política de oposición para debilitar a un presidente recién electo y poner en duda su capacidad para gobernar el país.
Más allá de la cuestión política y técnica, la solicitud de juicio político ha generado preocupación en el país debido a la actual situación económica y social que está enfrentando Ecuador. El país sufre una crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, además de la falta de recursos y la inestabilidad política.
En este contexto, la solicitud de un juicio político puede verse como una falta de empatía y consideración por parte de la oposición hacia el pueblo ecuatoriano. La prioridad debería ser trabajar en soluciones y propuestas concretas para la recuperación del país, siendo esto más importante que cualquier facción política.
En resumen, el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso parece más una estrategia de oposición que una medida real para proteger los intereses del pueblo de Ecuador. Es importante recordar que cualquier acción política debe tener en cuenta el bien común y la satisfacción de las necesidades y derechos de los ciudadanos. Esperamos que la situación se resuelva pronto y que se tomen medidas concretas para mejorar la situación económica y social de Ecuador.
