En un movimiento sin precedentes que ha sacudido las fibras del gobierno estadounidense y sus múltiples recipientes de fondos federales, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) ha puesto un alto total a la distribución de subvenciones, préstamos y toda forma de asistencia financiera federal. La decisión, ejecutada bajo la firma de Matthew J. Vaeth, director interino de la OMB, plantea un mandato claro: detener «todas las actividades relacionadas con la obligación o desembolso de asistencia financiera federal» y someter a los programas a un escrutinio para asegurarse de que se alinean con las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
Este escrutinio busca limitar especialmente las iniciativas relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión (DEI) y restringir el financiamiento hacia políticas de energía limpia. Según el comunicado de la OMB, los fondos federales no deben ser usados para «promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del Green New Deal», calificando estas acciones como un despilfarro de los recursos de los contribuyentes.
Si bien se excluyen de esta pausa los beneficios de Seguridad Social y Medicare, las implicaciones de tal medida podrían ser enormes y alarmantes, afectando desde la Ley de Reducción de la Inflación, que promueve la industria de tecnologías verdes, hasta el masivo paquete de infraestructura promulgado en 2021, pasando por fondos para investigación académica y préstamos para pequeñas empresas.
La reacción a este abrupto aviso no se hizo esperar. Desde el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el senado, quien tildó la medida de «ilegal», hasta Diane Yentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro, alertando sobre las catastróficas consecuencias de incluso una breve pausa en el financiamiento federal.
Legalmente, aunque el presidente tiene la capacidad de posponer gastos ya aprobados por el Congreso, estas acciones están restringidas por ley. Expertos como G. William Hoagland, del Centro de Políticas Bipartidistas, ven en esta decisión un posible intento de incrementar el poder ejecutivo sobre el gasto público, algo que, de consolidarse, podría tener repercusiones profundas y duraderas en la estructura gubernamental y en la vida de aquellos que dependen de estos esenciales fondos federales.
