Dinamarca ha iniciado un polémico movimiento hacia la resolución de sus problemas de sobrepoblación carcelaria, llegando a un acuerdo con Kosovo para transferir hasta 300 prisioneros extranjeros condenados a la prisión de Gnjilane, ubicada en uno de los países más pobres de Europa. Este acuerdo, valorado en unos 200 millones de euros, busca aliviar el hacinamiento y la escasez de guardias en las cárceles danesas.
Este plan representa un nuevo enfoque en el manejo de los extranjeros condenados a deportación, ya que serán enviados a más de 2.000 kilómetros de distancia para cumplir el resto de sus condenas antes de su deportación final. Dinamarca ha intentado previamente, sin éxito, soluciones externas para gestionar la inmigración, como el plan frustrado de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, similar al esquema británico propuesto y luego descartado.
La implementación de este acuerdo ha levantado preocupaciones sobre los riesgos de violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura, en el sistema penitenciario de Kosovo. A pesar de las críticas, este movimiento se ha hecho eco en otros Estados miembros de la UE, con Bélgica y Austria considerando esquemas similares de externalización penitenciaria. Sin embargo, el debate se intensifica sobre las implicaciones legales y morales de esta práctica, subrayando las críticas por la falta de transparencia y diálogo con las organizaciones de derechos humanos.
La cárcel de Gnjilane, que actualmente sufre de sobrepoblación y condiciones deficientes, está en el centro de este acuerdo. Se espera que los reclusos sean trasladados allí solo después de una renovación prevista para 2027, evidenciando el largo camino hacia la implementación plena del acuerdo. Sin embargo, este proyecto ha sido criticado por distorsionar aún más el sistema penitenciario de Kosovo y por la posible violación de los principios fundamentales de no devolución, que prohíben el retorno de individuos a países donde corren el riesgo de ser sometidos a tortura u otros malos tratos.
A pesar del sólido compromiso de Dinamarca hacia el apoyo al desarrollo de Kosovo, enfocado en la transición ecológica y los derechos humanos, subsisten dudas sobre cómo se manejará la situación de los reclusos una vez que cumplan sus condenas. Además, se cuestiona la efectividad del sistema de Kosovo para investigar y procesar adecuadamente los delitos cometidos en prisión, poniendo en relieve el peligro de violaciones de derechos humanos sin una supervisión y responsabilidad adecuadas.
Este acuerdo entre Dinamarca y Kosovo abre un precedente preocupante en la gestión de la migración y la criminalidad, mezclando estas dos cuestiones de manera que podría socavar los principios de equidad y humanidad en la política europea y internacional. Con las crecientes críticas y la preocupación por el bienestar de los reclusos transferidos, la ejecución y los resultados de este plan requerirán una vigilancia exhaustiva para evitar la perpetuación de injusticias y abusos en el sistema penitenciario.
