Un varón identificado como J.S.S. se enfrenta a una petición de pena de 12 años de cárcel por agresión sexual y acoso a su expareja, en el juicio que se celebrará este miércoles, 12 de marzo, en la Audiencia Provincial de Cuenca. Este juicio, que inicialmente estaba programado para julio de 2024, tuvo que ser suspendido.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, que ha sido recogido por Europa Press, el acusado mantuvo una relación de noviazgo con la denunciante entre marzo de 2017 y enero de 2018, periodo en el que se produjeron diversas interrupciones. Según los hechos expuestos, en una fecha cercana a las navidades de 2017, ambos se encontraban en una cama en el domicilio del procesado cuando J.S.S. exigió mantener relaciones sexuales. La mujer expresó su falta de deseo en ese momento, pero el acusado, desoyendo su negativa, la agarró fuertemente y, a pesar de sus intentos de resistencia, logró consumar la penetración anal, eyaculando en su interior, sin que se registraran lesiones.
Posteriormente, entre enero y abril de 2018, tras finalizar la relación, el acusado no aceptó la ruptura y continuó contactando a la expareja de manera persistente. Realizó llamadas diarias y, en algunas de ellas, transmitió su intención de suicidarse. A pesar de que la mujer cambió su número de teléfono, J.S.S. siguió intentando comunicarse, llegando incluso a contactar con su padre y a perseguirla por la ciudad de Cuenca, acercándose a ella en diversas ocasiones cerca de su hogar y de su instituto.
La Fiscalía considera que los hechos narrados son susceptibles de ser calificados como un delito de agresión sexual, conforme a los artículos 178 y 179 del Código Penal en su redacción vigente en el momento de los hechos, y como un delito de acoso previsto en el artículo 172 del mismo código. Por lo que respecta al delito de agresión sexual, la Fiscalía solicita una pena de diez años de cárcel, mientras que para el acoso se piden dos años adicionales. Además, se propone una medida de alejamiento de hasta catorce años y una indemnización de 5.000 euros por daños morales a la víctima.
