La Audiencia Provincial de Cuenca inicia este miércoles un juicio contra T.M.C., exprofesor de religión, que se enfrenta a una acusación de agresión sexual continuada a una menor. La Fiscalía solicita una pena de hasta doce años de prisión por los delitos que habrían ocurrido en 2016, cuando el acusado mantenía una relación cercana con la joven, no solo como docente, sino también a través de actividades en la parroquia.
Según el relato de la Fiscalía, el profesor comenzó a comunicarse con la menor a través de WhatsApp, enviándole mensajes inapropiados que incluían afirmaciones como «he soñado contigo» y ofreciéndole encuentros privados. A pesar de que la joven expresaba su incomodidad, T.M.C. la manipulaba para que no se sintiera mal por las interacciones. En una de estas ocasiones, el 14 de mayo de 2016, aprovechando la preparación de un evento religioso, logró contactar a la menor en los salones parroquiales y la agredió sexualmente.
Los abusos continuaron el 21 de junio de ese año, cuando el docente cerró la puerta de su despacho y se abalanzó sobre ella, llevándola a una situación de presión que, según la Fiscalía, le impidió defenderse adecuadamente. El acusado repitió comportamientos agresivos en otras cuatro ocasiones, creando un ambiente de manipulación emocional que afectó gravemente la salud mental de la víctima, quien ha experimentado ansiedad, depresión y pesadillas recurrentes.
Los delitos fueron tipificados como agresiones sexuales continuadas, lo que podría conllevar una condena de hasta doce años de prisión. Además, la Fiscalía ha solicitado que T.M.C. sea inhabilitado durante veinte años para trabajar con menores, le imponga una prohibición de acercamiento a la víctima de catorce años y se le someta a seis años de libertad vigilada tras cumplir su condena. También se exige una indemnización de 100.000 euros, que deberán asumir subsidiariamente la Junta de Comunidades y el Obispado de Cuenca.
Este caso pone de manifiesto la gravedad de los delitos sexuales cometidos en entornos educativos y la importancia de la protección de menores frente a abusos de poder.
