El Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo ha ordenado al Ayuntamiento de la ciudad a revisar las tarifas del agua, de acuerdo a la sentencia emitida por la denuncia presentada por Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA y Aguas de Castellón SA UTE Facsa-ADC (Tagus). La sentencia, que tuvo lugar el 17 de enero de 2023, obliga al Ayuntamiento a cumplir con los acuerdos tomados en junio del año 2014 y agosto del 2018.
La sentencia, a la cual Europa Press tuvo acceso, estima parcialmente el recurso de Tagus contra la inactividad del Ayuntamiento de Toledo, consistente en no ejecutar los acuerdos mencionados en relación a la revisión quinquenal de tarifas en el año 2019. El tribunal exige al Consistorio toledano que cumpla con estos acuerdos para poder proceder a la revisión extraordinaria quinquenal de tarifas, independientemente de las revisiones según el IPC, que debió haberse realizado durante el año 2019 con los datos de consumos reales cerrados en 2018.
Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, el Juzgado da un plazo de diez días al Ayuntamiento para ejecutarla. Además, se advierte que, en caso de incumplimiento, se tomarán medidas necesarias para garantizar la efectividad de la sentencia y se impondrán multas de entre 150 y 500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes responsables, sin perjuicio de responsabilidades patrimoniales.
También se menciona que se podrá invocar la responsabilidad penal correspondiente a través de testimonios de particulares.
El Ayuntamiento tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición en un plazo de cinco días a partir de la notificación de la sentencia.
