La reciente propuesta del Gobierno sobre vivienda ha generado un intenso debate en el programa de La Sexta Xplica este sábado, 17 de enero. La medida en cuestión sugiere la bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que opten por no aumentar el precio de sus alquileres. Este planteamiento ha abierto la puerta a una discusión crucial: ¿realmente se trata de una solución efectiva para abordar el problema del precio de los alquileres en España, o se está, en cambio, otorgando un beneficio fiscal a los arrendadores?
El intercambio de opiniones se tornó particularmente candente entre los colaboradores del programa. Afra Blanco, destacada sindicalista, y Gonzalo Bernardos, economista, se enfrentaron en un debate que giró en torno a las implicaciones constitucionales de la medida. Bernardos defendió la idea de proteger la propiedad privada, citando la Constitución española, mientras que Blanco argumentó que el artículo 128 establece claramente que la riqueza del país debe estar al servicio del interés general.
Blanco, visiblemente apasionada, rechazó las acusaciones de comunismo que Bernardos le lanzó, subrayando su compromiso con una interpretación integral de la Constitución. «Lo que yo no soy es una constitucionalista a fija discontinua. Lo soy las 24 horas del día, los 7 días a la semana y todos los días del año», expresó con firmeza, abogando por medidas que incluyan la congelación de precios y la posibilidad de expropiaciones. «Lo defiendo porque lo defiende el artículo 128 de nuestra Constitución, la de todos, también de los que van con la ‘pulserita'», añadió, enfatizando la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda.
La crítica de Blanco no se detuvo ahí. También arremetió contra la gestión de las comunidades autónomas, observando que la falta de aplicación de la ley de vivienda en muchas de ellas era una clara responsabilidad que no se podía pasar por alto. «Esto viene a demostrar que las comunidades autónomas o son incompetentes, irresponsables o las dos cosas», sentenció con contundencia, refiriéndose a las decisiones del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que, a su juicio, priorizan los intereses de inversores como BlackRock sobre los de la clase trabajadora.
El debate se amplió hacia el papel de los partidos conservadores en la crisis de la vivienda, con Blanco afirmando que su postura favorece la protección de los pisos turísticos en detrimento de las necesidades de los ciudadanos. Ante la proximidad de las elecciones, hizo un llamado claro a la ciudadanía: «Por favor, cuando nos toque votar, tengamos claro que aquí las competencias están en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos».
Este debate no solo refleja la diversidad de opiniones sobre cómo abordar la crisis de la vivienda en España, sino que también pone de manifiesto las tensiones entre derechos individuales y el interés colectivo que caracterizan el panorama político actual. La solución a esta problemática parece distante y las voces en conflicto son un recordatorio de que el camino hacia un consenso efectivo será todo menos sencillo.
