El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido a las críticas de la Generalitat Valenciana sobre el trasvase Tajo-Segura, acusando a este último de ejercer presiones para evitar la aplicación de la ley. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha señalado que el Ejecutivo regional que preside Emiliano García-Page está presionando únicamente para que se cumplan las normativas vigentes, en concreto las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a garantizar los caudales ecológicos del río Tajo.
Las declaraciones de Padilla responden a los comentarios del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, quien este miércoles denunció la supuesta «presión política» que realiza Castilla-La Mancha para frenar el trasvase, instando al Ministerio para la Transición Ecológica a respetar las reglas de explotación que rigen esta infraestructura.
Padilla reafirmó el compromiso de la Junta con una gestión hídrica que se base en la legalidad, equidad y sostenibilidad. La portavoz del Gobierno regional hizo hincapié en que su prioridad es el cumplimiento de la legislación y la protección del medio ambiente. Asimismo, instó a Barrachina a actuar con responsabilidad institucional, recordando que el presidente García-Page defiende el Plan Hidrológico aprobado que requiere ajustes en las reglas de explotación para asegurar un caudal mínimo en el Tajo, una modificación que, según Padilla, es «una necesidad urgente que no admite más demoras».
