El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido su metodología de contratación de personal tras una sentencia clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría cambiar el panorama laboral para los trabajadores temporales de la administración pública. La resolución del tribunal europeo indica que aquellos trabajadores públicos vinculados mediante sucesivos contratos temporales deben ser considerados personal indefinido.
Esta sentencia llega como respuesta al caso de tres empleadas interinas de la Generalitat de Cataluña que denunciaron que su situación laboral no se correspondía con necesidades de carácter temporal, sino con funciones ordinarias y permanentes, acusando a la administración de un uso inapropiado de la contratación temporal. Las trabajadoras exigían que sus contratos de larga duración adquiriesen carácter indefinido dada esta circunstancia.
Conforme a esto, desde la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha se ha comunicado a Diario CLM que el gobierno regional cumple estrictamente con la Ley 20/2021 que propone medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta ley contempla un proceso de consolidación en el ámbito del empleo público que se estaría respectando plenamente.
Representantes de la Consejería señalan que, desde 2016, la Junta de Comunidades viene aplicando estrategias con el fin de recortar los índices de temporalidad en la contratación pública. Resaltan que cada año se han realizado convocatorias de ofertas de empleo público, aprovechando al máximo los límites fijados por la tasa de reposición establecida en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado.
Este pronunciamiento de Castilla-La Mancha destaca su compromiso con llevar a término un plan para profesionalizar y estabilizar el empleo público, en línea con las recientes decisiones judiciales europeas que pretenden proteger a los trabajadores de la precariedad de contratos sucesivos y garantizar la calidad del servicio público. La sentencia del TJUE refuerza este enfoque, marcando un hito en la normativa de las relaciones laborales en el ámbito de la administración pública y sienta precedentes para futuras prácticas de contratación en toda la Unión Europea.
