La Junta de Personal del Hospital General Universitario de Toledo, compuesta por los sindicatos Satse, USAE, CCOO, CSIF, UGT y Usicam, ha manifestado su preocupación ante las recientes medidas de contención de gasto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). En una rueda de prensa celebrada este miércoles, la presidenta de la Junta de Personal, Esmeralda Díaz, indicó que no descartan acudir a la Inspección de Trabajo, al Defensor del Pueblo o a los tribunales si es necesario, a causa de lo que consideran «recortes salvajes» en la contratación.
Díaz detalló que durante una reunión el 11 de septiembre, la Gerencia del hospital anunció que, hasta el 31 de diciembre, solo se permitirá la contratación de personal en áreas críticas como urgencias, UVI, admisión y quirófanos. Además, en Atención Primaria se suprimirán las sustituciones por permisos y descansos en aquellas áreas donde haya más de un profesional de la misma categoría, afectando tanto a médicos como a enfermeras.
Los responsables del Sescam justificaron estas decisiones alegando una «reevaluación de objetivos» y afirmaron que ha habido un gasto «excesivo» en el sector. Díaz subrayó que estas medidas no solo afectan a la calidad del servicio sino que también suponen un maltrato a la sanidad pública y a sus profesionales, resaltando que los pacientes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, serán los más afectados.
Las implicaciones de estas medidas son amplias, según la presidenta de la Junta de Personal, quien advirtió de la posible disminución de personal por turno, el incremento de las listas de espera, un aumento del estrés laboral y un clima de trabajo negativo que podría impactar negativamente en la atención al paciente. «La situación es límite y no podemos permanecer impasibles ante los desastres que estas medidas pueden ocasionar», enfatizó.
Díaz comparó la situación actual con los recortes que se llevaron a cabo durante el mandato de María Dolores de Cospedal, lo que ha traído a la memoria de los profesionales de la salud de la región momentos de gran dificultad en el sector.
La Junta de Personal ha hecho un llamamiento al Sescam para que revierta estas decisiones. De no ser así, han manifestado su intención de presentar denuncias a la Inspección de Trabajo por cada caso específico y, si es necesario, llevar sus quejas ante los tribunales.
Asimismo, la presidenta de la Junta resaltó que, a pesar de la información proporcionada por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sobre la realización de 3.461 contrataciones entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, la realidad que viven actualmente no se corresponde con dicha afirmación. Aunque se reconoció que, en 2023, hubo una estabilización de empleo y un aumento en la contratación temporal durante el verano, Díaz enfatizó que para el periodo venidero, de manera reciente, se les comunicó de manera verbal sobre una reducción en las contrataciones.
Finalmente, la representante de la Junta de Personal subrayó la importancia de contar con todos los profesionales en el hospital, ya que la falta de médicos o personal en otras áreas perjudica la atención al paciente y la efectividad global del servicio. El hospital, que alberga a unos 8.000 trabajadores, es uno de los más grandes de la región y su capacidad operativa se verá comprometida si las nuevas medidas no se revierten.
