La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha manifestado este miércoles que el precio de alquiler para las nuevas viviendas sostenibles que se construirán en el barrio del Polígono de Toledo será de 646 euros mensuales por un piso de 70 metros cuadrados, lo cual es considerado «asequible». Este monto se compara favorablemente con otras propiedades en el mismo barrio, cuyo alquiler promedia por encima de los 800 euros.
Esta declaración se produce en respuesta a cuestionamientos sobre si los precios de alquiler de las 316 viviendas sostenibles, recientemente licitadas por el Consejo de Gobierno, están al alcance de los ciudadanos de Toledo, cuyos salarios medios rondan los 21.000 euros al año. Padilla defendió los precios señalando que, aunque no son viviendas de carácter social, sí se ofrecen a precios más asequibles que los del mercado actual. La intención del gobierno es incrementar la oferta de vivienda para ejercer presión a la baja sobre los precios.
Además de informar sobre la licitación de las 316 viviendas, la portavoz también hizo referencia a la aprobación para reanudar las obras de 86 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que serán destinadas al régimen de compraventa en el mismo barrio toledano. Estas viviendas fueron inicialmente proyectadas en 2009 y su construcción fue detenida en 2011. El objetivo actual es retomar el trabajo, para lo cual se ha asignado un presupuesto de 127.000 euros destinado a la redacción de un nuevo Proyecto de Terminación que refleje tanto los requisitos legales actuales como el estado en que se encuentran las obras tras el tiempo transcurrido.
Los dos proyectos están enmarcados dentro del ‘Plan 10.000’ de la Junta de Comunidades, un ambicioso plan de viviendas que busca favorecer la construcción de 10.000 nuevas unidades habitacionales en régimen de alquiler y compraventa en la región.
Según Padilla, las viviendas deberán estar completadas para el 30 de junio de 2026 y estarán destinadas principalmente a jóvenes y familias trabajadoras que, a pesar de contar con ingresos regulares, encuentran dificultades para acceder al mercado de alquiler. Estas medidas se presentan dentro de una estrategia más amplia para aliviar las tensiones del mercado inmobiliario y promover el acceso a la vivienda a precios razonables para los sectores de la población más afectados por la situación económica actual.
