El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su firme intención de «poner pie en pared» ante el Gobierno central si no se aprueba un cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura durante la reunión de este lunes de la Comisión de Explotación. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, afirmó que es fundamental establecer unas reglas que prioricen la preservación del agua en los embalses de cabecera en lugar de redirigirla hacia Murcia y Valencia sin necesidad.
Gómez enfatizó que si no se logra la modificación de las reglas, sería un incumplimiento del Real Decreto Ley de 2023, que establece la necesidad de estas nuevas normativas. «No podemos ser optimistas en lo que no conocemos», sostuvo, mostrando su inquietud ante los informes que se presentarán en la reunión, de los que no dispone su gobierno. Además, ha expresado su disposición a presentar alegaciones si no están de acuerdo con lo que se plantee en la Comisión.
La consejera también destacó que, a pesar de que ha sido un año hidrológico favorable en la cuenca del Tajo, lo mismo se aplica a Murcia, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad de trasvasar agua si esta no tiene capacidad de almacenamiento. Actualmente, los embalses de cabecera cuentan con 1.500 hectómetros cúbicos, lo que Gómez calificó como una «muy buena noticia», ya que un año hidrológico húmedo puede impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y proporcionar caudales ecológicos a un río Tajo «vivo».
Según las estimaciones, es probable que se trasvasen 180 hectómetros cúbicos, sumando a los 55 de anteriores comisiones de explotación. La consejera invitó a observar el canal del trasvase, que actualmente opera a máxima capacidad. Además, Gómez hizo una ironía sobre la situación del río Tajo, mencionando su color turquesa tras las últimas lluvias, pero advirtiendo que «nadie se puede bañar en el agua contaminada».
Respecto a la solicitud del Partido Popular para la celebración de la Mesa Regional del Agua, Gómez confirmó que esta reunión se llevará a cabo una vez que el Gobierno regional disponga de la documentación necesaria.
