El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante en su lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo al actualizar el protocolo que se aplica desde 2021 a todos los trabajadores de la Administración de la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos. Este nuevo enfoque se enmarca dentro de la política de tolerancia cero hacia estas situaciones, consolidando un entorno laboral más seguro para todos.
La resolución, publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) por la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, beneficiará a todos los empleados públicos y entra en vigor el próximo 1 de octubre. La mejora del protocolo ha contado con el respaldo unánime de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación, lo que subraya su relevancia y carácter consensuado.
Entre las principales novedades del protocolo se encuentra una mayor claridad en la tipificación del acoso sexual conforme a la legislación sobre libertad sexual, así como el reconocimiento del protocolo vigente como una herramienta clave para la prevención y actuación ante estas conductas. Se introducen también garantías adicionales, como un apartado específico sobre el ‘Derecho a la información’ de las partes implicadas y la inclusión de un nuevo modelo de declaración de confidencialidad para terceros.
El procedimiento para abordar las denuncias se ha agilizado con mejoras en su tramitación y redacción, manteniendo una estructura clara y accesible. Además, se amplían los mecanismos de coordinación para incluir al personal externo que labore en instalaciones de la Administración regional, asegurando que todos los trabajadores estén cubiertos bajo este protocolo.
Desde su establecimiento en 2021, el protocolo ha sido un compromiso del Ejecutivo autonómico, respaldando una cultura laboral que prioriza la igualdad de trato y la dignidad de todos los empleados públicos. Las medidas preventivas que se implementarán incluyen sesiones de información y sensibilización, así como formación específica para quienes evalúen y atiendan los casos de acoso.
El procedimiento para actuar ante situaciones de acoso se divide en cuatro fases: iniciación, valoración inicial de la comunicación, investigación, y finalización del procedimiento con información y seguimiento. Durante este proceso se garantizará la discreción, la confidencialidad y la protección de las partes involucradas, con un enfoque en restituir las condiciones laborales de las víctimas y prevenir represalias.
Con esta actualización del protocolo, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con la erradicación del acoso en el ámbito laboral, buscando proteger a las víctimas y fomentar un ambiente de trabajo respetuoso y seguro.
