La Audiencia Provincial de Cuenca ha aplazado un juicio que se iba a llevar a cabo este sábado, en el cual J.S.S. se enfrentaba a una petición fiscal de doce años de prisión. Las acusaciones en su contra comprenden agresión sexual y acoso hacia su expareja. Este aplazamiento ha sido confirmado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a Diario CLM.
Los hechos que han llevado a J.S.S. frente a la justicia fueron relatados detalladamente por la fiscalía. La relación entre el acusado y la denunciante duró desde marzo de 2017 hasta enero de 2018, no sin intermitencias. Según el fiscal, durante las fechas cercanas a la Navidad de 2017, cuando ellos se encontraban acostados en una habitación de la vivienda del procesado, él demandó mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de ella, J.S.S. presuntamente hizo uso de la fuerza, a pesar de la resistencia, y consumó la penetración anal.
Posteriormente, una vez finalizada la relación, de enero a abril de 2018, J.S.S. supuestamente procedió con un comportamiento de acoso constante. Él no aceptaba el término de la relación y continuaba llamando y enviando mensajes a su expareja de modo insistente. Incluso llegó a transmitirle su supuesta intención de suicidarse en varias llamadas. Ante la insufrible situación, la mujer cambió su número de teléfono, acción que no desmotivó al acusado, quien intensificó sus formas de contacto involucrando al padre de la víctima y siguiéndola a través de Cuenca, lo que llevó a la mujer a presentar la denuncia.
Los actos imputados a J.S.S. son contemplados en el Código Penal como un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179, bajo la redacción vigente en la época de los eventos, criterio que favorece al acusado siguiendo los principios del derecho penal; y un delito de acoso descrito en el artículo 172. Por la agresión sexual se propone una pena de diez años de cárcel, y por el acoso, dos años. Además, la fiscalía solicita una prohibición de aproximación por hasta catorce años y una compensación a la víctima de 5.000 euros por daños morales. La expectativa de un pronto proceso queda pendiente tras la decisión de la Audiencia de posponer el juicio.
