Una jueza del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, ha emitido una orden que impide temporalmente la deportación de diez niños guatemaltecos que llegaron por su cuenta a Estados Unidos. Este fallo se produce después de que el Centro Nacional de Derecho Migratorio solicitara la intervención judicial para proteger a estos menores, quienes, según sus abogados, tienen casos pendientes en tribunales de inmigración. Los niños, de entre 10 y 16 años, están bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
La administración Trump argumenta que el proceso de deportación es en realidad una repatriación voluntaria, a pesar de que existe un escepticismo generalizado sobre la capacidad de los menores para comprender las implicaciones de su regreso. Además, se ha informado que el Gobierno ha comenzado a preparar a los albergues para la salida de estos niños, lo que ha elevado las preocupaciones sobre el abuso de sus derechos.
El fallo de la jueza tiene lugar en el contexto de la aplicación del Acuerdo Flores, que prohíbe mantener a menores indocumentados en centros de detención más de 20 días, garantizando su bienestar. La situación refleja las complicaciones y retos que enfrenta el Gobierno de Trump en su intento por implementar políticas estrictas en torno a la inmigración, especialmente en el tratamiento de los más vulnerables.
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