En un fallo judicial que ha captado la atención tanto de propietarios de vivienda como de expertos en derecho inmobiliario, un tribunal ha permitido la ocupación parcial de una vivienda para la instalación de una escalera en un edificio de apartamentos. Esta decisión, considerada pionera, responde a la carencia de espacio en las áreas comunes del edificio, lo que justificó la excepción según el juzgado.
El conflicto se originó en una comunidad de vecinos donde las escaleras disponibles no lograban satisfacer las demandas de acceso de todos los residentes. La escasez de espacios comunes llevó a un propietario a solicitar la incorporación de una escalera interna en su vivienda, con el fin de facilitar el acceso a los pisos superiores, evitando interferir en propiedades ajenas. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada en una asamblea de vecinos, lo que obligó al propietario a acudir a instancias judiciales.
El tribunal, al fallar a favor del solicitante, señaló que la adaptación del espacio para garantizar la accesibilidad debe ser una prioridad sobre las limitaciones de espacio común. «El derecho a la accesibilidad y a la movilidad dentro de un edificio no puede estar supeditado a las restricciones derivadas de la falta de espacio común», remarcó el dictamen. El fallo también establece un precedente para futuras solicitudes similares, sugiriendo que la accesibilidad debe ser determinante en las decisiones comunitarias.
Las reacciones frente a este fallo han sido diversas. Algunos propietarios lo consideran un avance significativo, que mejorará la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Por otro lado, algunos temen que pueda incentivar modificaciones excesivas en las viviendas, alterando la convivencia en el edificio.
Por su parte, expertos en derecho urbanístico consideran que este tipo de decisiones puede alterar la gestión en comunidades de vecinos, en un contexto donde la accesibilidad es cada vez más relevante en políticas públicas. También destaca la necesidad de reevaluar normativas que regulan los espacios comunes en construcciones residenciales.
Mientras tanto, la comunidad afectada deberá adaptarse a la nueva situación. Se anticipa que surgirá la necesidad de establecer pautas y regulaciones que equilibren el uso privado y comunitario de los espacios en edificios residenciales. El seguimiento de la implementación de esta sentencia será crucial, pues podría establecer un patrón para casos similares en el país.
