Jueces y fiscales de Castilla-La Mancha han participado este miércoles, 11 de junio, en un paro nacional de diez minutos frente a las dependencias judiciales de la región, con el objetivo de manifestar su oposición a las reformas legales propuestas por el Gobierno. Los profesionales del derecho han expresado su preocupación por que estas reformas amenazan la «independencia de la carrera judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal».
Ricardo Gallego, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Castilla-La Mancha (APM), explicó en la puerta del Palacio de Justicia de Guadalajara que la movilización, a la que se han sumado otras asociaciones como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), busca la retirada de un proyecto de ley que modificaría el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
El paro de diez minutos ante los juzgados de toda España fue convocado en respuesta a las propuestas legislativas que, según los organizadores, afectarán de manera negativa a los jueces y fiscales con menos de cinco años de experiencia y a los opositores a ambas carreras. Durante la protesta, tanto jueces como fiscales de Guadalajara, acompañados por otros trabajadores del sector, así como por diputados y concejales de Vox, demandaron la anulación de estos proyectos de ley.
Gallego manifestó su confianza en que el Ministerio de Justicia escuche las demandas de los manifestantes, pero advirtió que, si no hay respuesta, «el tono de las reivindicaciones se elevará» e incluso se contempla la posibilidad de una huelga. Indicó que, dado que el anteproyecto está siendo tramitado por la vía de urgencia, los plazos para una respuesta son muy cortos.
Según Gallego, las reformas propuestas incluyen la creación de una vía excepcional que disminuiría los requisitos de acceso a la carrera judicial, lo que pondría en peligro los principios de «igualdad, mérito y capacidad». La corriente de opinión entre los manifestantes es que aproximadamente 1.400 personas (900 en la carrera judicial y 500 en la fiscal) podrían acceder, sin cumplir con los estándares tradicionales, a través de un examen «mucho más fácil», lo que afectaría de manera negativa a los opositores que llevan años preparándose.
En la provincia de Guadalajara, la movilización ha sido notable, con la Audiencia Provincial y la mayoría de jueces y fiscales de la zona participando en la protesta. Gallego consideró que el seguimiento ha sido «mayoritario» y reflejó la profunda preocupación del sector judicial por las reformas planteadas, lo cual fue reiterado durante la lectura del manifiesto que se realizó en todas las concentraciones a nivel nacional.
