Este martes, todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han decidido mantener la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. La medida se produce tras la negativa del Gobierno a retirar las reformas que modificarían el acceso a las carreras judicial y fiscal y adaptarían la Fiscalía al futuro cambio que delegará en los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales.
En un comunicado emitido por Europa Press, las cinco asociaciones convocantes—Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)—han explicado que la decisión de continuar con la huelga fue consecuencia de una reunión mantenida la tarde del lunes con representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El comité de huelga solicitó la retirada total del proyecto de ley que se propone modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Además, insistió en la necesidad de tramitar la normativa por el cauce ordinario para asegurar un tratamiento riguroso y consensuado del mismo. Por otra parte, rechazaron la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), argumentando que esta representaría un grave retroceso en la autonomía de la Fiscalía.
A pesar de las reivindicaciones, las asociaciones señalaron que el Ministerio no mostró disposición a modificar su proyecto y que lamentaron la falta de diálogo, incluso poniendo en duda el derecho de huelga de jueces y fiscales, reconocido en años anteriores.
Las asociaciones han acordado mantener el contacto con el Ministerio en un intento de agotar todas las vías de diálogo, pero reafirmaron su compromiso con las medidas de conflicto colectivo previamente acordadas, que incluyen una concentración frente al Tribunal Supremo el sábado y la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia han calificado la reunión como «respetuosa y constructiva», apuntando que se explicaron los detalles de las reformas al grupo de asociaciones. Desde el Ministerio, se sostiene que los temores planteados son infundados y se ha alertado sobre la «incertidumbre jurídica» que implica la convocatoria de la huelga. Asimismo, se ha anunciado que se enviará un oficio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se pronuncie sobre esta cuestión.
