Las asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de las progresistas, han decidido mantener la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas del Gobierno en relación con el acceso a ambas carreras y la Fiscalía. Esta decisión se produce a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les ha advertido que la convocatoria carece de sustento normativo y ha anunciado que establecerá servicios mínimos.
Así lo han comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en un mensaje enviado a jueces y fiscales. Esta reacción se produce tras un Pleno extraordinario del CGPJ, que se celebró el mismo día en que se analizó la convocatoria de huelga por solicitud de las asociaciones y del Ministerio de Justicia. Durante la reunión, el Consejo resolvió de forma unánime que el derecho a huelga para los jueces carecía de base normativa y, por lo tanto, no procede considerar la convocatoria.
Fuentes del CGPJ han señalado que, a pesar de la falta de reconocimiento de la huelga, no se prevén sanciones disciplinarias para aquellos jueces y magistrados que decidan participar. El descuento salarial por los días de huelga sería competencia del Ministerio de Justicia. Las asociaciones, por su parte, defienden que el derecho a huelga es fundamental y se encuentra protegido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, argumentando que la falta de normativa específica no debería impedir su ejercicio.
Las organizaciones insisten en que se trata de un derecho individual que cada persona puede ejercer libremente y sin necesidad de avisar con antelación. Asimismo, advierten que cualquier intento de obstaculizar la participación en la huelga por parte del empleador sería considerado una infracción muy grave. Para facilitar un seguimiento aproximado de la participación, el Comité de Huelga ha habilitado direcciones de correo electrónico donde los interesados pueden comunicar de forma voluntaria y confidencial su decisión de secundar la huelga.
Ante la ausencia de servicios mínimos fijados oficialmente por el CGPJ o la Fiscalía, el Comité de Huelga ha establecido medidas para garantizar la atención necesaria a la ciudadanía, protegiendo al mismo tiempo el derecho a la huelga. Además, las asociaciones han destacado que la participación en la huelga acarreará una pérdida retributiva proporcional.
Las asociaciones también han señalado que, tras los tres días de huelga, evaluarán la situación en función de la respuesta institucional y el avance de las reformas, lo que podría llevar a la continuidad o ampliación de las medidas. En la conclusión del comunicado, subrayan la importancia de la defensa de una justicia independiente y profesional, agradeciendo la unidad y compromiso de sus miembros en este momento crítico para el futuro del Estado de Derecho.
