La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha alertado de que «la escasa plantilla» de guardias civiles con la que se cubren los servicios en 234 cuarteles repartidos por Castilla-La Mancha la sitúa «en una de las regiones donde el mundo rural se encuentra más desprotegido en España».
Como ejemplo de esta situación, desde JUCIL han recordado que la superficie de Castilla-La Mancha, 79.463 kilómetros cuadrados, y el amplio despliegue a cargo de la Guardia Civil hace que solamente se cuente con un guardia civil por cada 15,5 kilómetros cuadrados, lo que representa dos kilómetros más en una región con características similares, como Castilla y León, donde hay un guardia civil por cada 13,5 kilómetros cuadrados.
El secretario general de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) Ernesto Vilariño, han ofrecido una rueda de prensa en Toledo acompañado por el presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Julio Retamosa.
«En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha hay destinados en la actualidad 5.115 guardias civiles, lo que supone una leve mejoría porque se ha alcanzado la plantilla real marcada en el viejo catálogo oficial de puestos de trabajo, un documento ya de por sí muy anticuado y desactualizado».
Según las estimaciones de JUCIAL, para atender adecuadamente los servicios que demanda la sociedad castellanomanchega serían necesarios otros 1.000 agentes al menos», ha calculado Vilariño.
La demarcación de la Guardia Civil se extiende por más del 90% del territorio de Castilla-La Mancha, lo que unido a la dispersión de los núcleos rurales en esta región se convierte en una gran dificultad en la tarea de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes.
«En el País Vasco, donde la Guardia Civil ya no tiene competencias en Seguridad, por ejemplo, se contabiliza un guardia civil por cada 3,1 kilómetros cuadrados y en Cataluña, con una situación similar, habría un guardia civil cada 10,2 kilómetros cuadrados», ha apuntado Melisa Carmona, portavoz de JUCIL.
«Incluso en Castilla y León, la comunidad más extensa de Europa, se calcula ahora un guardia civil por cada 13,5 kilómetros cuadrados, dos menos que en Castilla-La Mancha. Esta es una cifra muy preocupante en una comunidad donde la despoblación afecta también a la Guardia Civil, porque de los 239 cuarteles que se contabilizan no llegan a veinte los que ofrecen un servicio de 24 horas. En el resto, los ciudadanos se pueden encontrar con que si acuden al puesto, se lo encuentren cerrado, ha añadido la portavoz de JUCIL.
CUARTELES FANTASMA
«Una circunstancia agravada por la dispersión de los cuarteles, en su gran mayoría con solo 2, 3 o 4 guardias civiles, lo que les incapacita para ofrecer un servicio de 24 horas», ha señalado el secretario general de JUCIL.
«Muchas de estas instalaciones son en realidad ‘cuarteles fantasma’ con una dotación de solo dos personas, una que se ocupa de lo que se llama el trabajo de puerta, o sea, la recepción y atención a los ciudadanos y otro compañero que tendrá que desplazarse con un vehículo para recoger a otro guardia civil perteneciente a un cuartel parecido para formar al menos una patrulla, con lo que conlleva largos tiempos de desplazamientos y gasto en combustible en provincias tan amplias como lo son cualquiera de las cinco que componen Castilla-La Mancha», ha añadido Vilariño.
La solución de JUCIL pasa por la agrupación de esos cuarteles en núcleos operativos en las cabeceras de comarca. Así podría contarse con agrupaciones de más un centenar de agentes en cada una de ellas.
Con instalaciones y material adecuado saldrían a la calle varias patrullas durante las 24 horas del día que recorrerían su demarcación, además de dar servicio al ciudadano podrían apoyarse entre ellas en un tiempo razonable», ha destacado Carmona.
«Somos conscientes de que en el medio rural esta propuesta no es muy popular, ya que nadie, ni el núcleo más pequeño, quiere desprenderse del cuartel de la Guardia Civil, pero operativamente en el siglo XXI es la más idónea», ha reflexionado.
Y a lo anterior se une la necesidad de eliminar las llamadas ‘brigadas fantasmas’ dado que en muchos puestos figuran guardias civiles que supuestamente forman parte de ese lugar concreto, pero que están comisionados, a veces desde hace años, en otros servicios.
«NO ES PROPIO DE UNA DEMOCRACIA»
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha explicado por su parte que la situación por la que atraviesa este colectivo no es propia de una sociedad democrática y ha destacado que en enero de 2022 se firmó un acuerdo con JUCIL para formar un frente común y colaborar en diferentes ámbitos.
Entre ellos, se lucha por la recuperación del poder adquisitivo perdido, que supera más del 20% en Castilla-La Mancha, la defensa de las condiciones laborales y la equiparación salarial.
«No es justo ni constitucional que a igual trabajo se perciba un salario más bajo en algunos puestos o en algunas autonomías.A mismo trabajo, igual salario. Es, por ejemplo, la minusvaloración económica que perciben funcionarios de prisiones, guardias civiles y policías nacionales en comparación con los sueldos de algunas policías autonómicas».
MEJORAS
Esta alianza «ha permitido» que en la Mesa de Negociación del Funcionariado, los más de 70.000 guardias civiles que hay en España hayan tenido voz y representación por primera vez: CSIF ha llevado las propuestas de los guardias civiles a través de JUCIL, mejorando las condiciones propuestas por el Gobierno.
Desde CSIF señalan que esta situación es extensible al conjunto de empleados públicos. «Ayer mismo denunciábamos cómo en Castilla-La Mancha continúa vigente la Ley Cospedal, que mantiene por ejemplo la carrera profesional congelada en el Sescam. Desgraciadamente, los derechos que hemos recuperado han sido gracias a acuerdos de CSIF con el Gobierno central. Si hubiera sido por Page o por la oposición política de nuestra región, seguiríamos con los mismos recortes. Ya se puede llamar Ley Page», concluía Retamosa.
