La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto enjuiciar el próximo miércoles, 13 de diciembre, a un joven de 23 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años, quien como resultado del abuso quedó embarazada. En demanda de justicia, el Ministerio Fiscal solicita para el enjuiciado una pena de 11 años de cárcel.
Detalles del caso, aportados por el escrito de la Fiscalía y publicados por Europa Press, revelan que los hechos ocurrieron en 2022. El procesado, identificado como J.A.F.S., estableció contacto con la víctima, referida como A., en mayo del mismo año a través de Instagram, momento en que él tenía 21 años y ella solo 12.
A lo largo de los meses subsiguientes, ambos mantuvieron varios encuentros y comenzaron una relación sentimental. El 11 de julio de 2022, el joven, consciente de la edad de la menor, inició una serie de encuentros sexuales que continuaron a lo largo de la relación, la cual evolucionó hasta el punto de vivir juntos. Las relaciones sexuales entre ellos resultaron en el embarazo de la niña.
Los actos condujeron a la detención del acusado, y el 11 de octubre de 2022, el Juzgado de Instrucción 1 de Alcázar de San Juan dictaminó su prisión provisional, comunicada y sin fianza, vigente hasta la emisión de un veredicto final en el procedimiento.
La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de abuso sexual con penetración a menor de 16 años, agravado por el parentesco. En consecuencia, pide la imposición de una pena de 11 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Además, demanda la aplicación de una pena accesoria que prohíba al acusado aproximarse a menos de 300 metros de A., de su hogar, lugar de trabajo o cualquier ubicación donde ella se encuentre, así como comunicarse por cualquier medio durante un periodo de 13 años y 6 meses.
El Ministerio Fiscal también propone una medida de libertad vigilada de una duración de 10 años, a ejecutarse después de cumplir la pena de prisión. Por último, señala la necesidad de inhabilitar al procesado para cualquier empleo, profesión o actividad que implique contacto directo con menores por un tiempo que exceda en 10 años a la duración efectiva de la pena de cárcel, y solicita que sea condenado al pago de las costas procesales. La comunidad espera atentamente la resolución judicial de este caso que ha conmocionado a la sociedad local.
