Izquierda Unida está en proceso de confeccionar una Proposición No de Ley (PNL) para las Cortes regionales, que pretende aglutinar las diversas demandas expresadas por los sindicatos agrarios locales. La intención es impulsar desde la cámara legislativa acciones en defensa del sector agrario y ganadero, según se desprende de un comunicado.
La formación política resalta las adversidades que padecen las explotaciones agrarias de menor envergadura debido a una progresiva industrialización de la producción, una situación que se identifica como consecuencia de la orientación de las políticas agrarias y comerciales impuestas por la Unión Europea.
Desde Izquierda Unida atribuyen la crisis estructural del campo a políticas consideradas neoliberales y tendentes a la desregulación y liberalización comercial. Además, señalan el agravamiento de este contexto por la falta de recursos hídricos y el impacto de fenómenos inflacionarios.
Observan con preocupación una creciente oleada de movilizaciones en el ámbito agrario en Europa, que encuentra resonancia en España más allá de los organismos agrarios profesionales. En este sentido, alertan sobre la incidencia de la derecha y la ultraderecha, que según el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, podrían encauzar protestas desvinculadas de los sindicatos tradicionales, y critica las acciones previas de partidos como el PP y Vox, acusándolos de incoherencia en su posición con respecto al sector.
Izquierda Unida sostiene un mensaje de respaldo hacia las peticiones manifestadas por el colectivo agrario, identificando un paralelismo entre dichas demandas y las propuestas que el grupo parlamentario de Sumar presentó en la comisión de agricultura del Congreso de los Diputados en enero.
La federación de izquierdas respalda las reivindicaciones de la agricultura social y de las explotaciones de tamaño pequeño y mediano, enfatizando su importancia en la creación de empleo y en la conservación demográfica del territorio rural. Rechazan igualmente los tratados de libre comercio y demandan una reforma de la actual Política Agrícola Común, así como mejoras en la Ley de cadena alimentaria.
Para concluir, Crespo subraya el peligro que representan fenómenos como la «uberización» del sector agropecuario y la participación de fondos de inversión especulativos que dificultan el relevo generacional y la propagación de macroproyectos de energías renovables. De esta forma, hace un llamado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en busca de medidas de protección para los suelos dedicados a la agricultura.
