El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha presentado una denuncia sobre la situación vivida durante la Semana Santa, específicamente en Viernes Santo, en la cual un número considerable de sillas fueron dispuestas en la plaza de Zocodover y las calles aledañas, cobrándose por su uso la cantidad de 10 euros cada una.
La privatización de los espacios públicos ha sido un punto de confrontación según palabras del portavoz de Izquierda Unida-Podemos, quien ha enfatizado que la gestión de las calles para tales fines carece de supervisión por parte del Ayuntamiento y no corresponde a las prácticas aceptadas por la formación. Fernández ha cuestionado que no se haya realizado un proceso formal de licitación y adjudicación, refiriéndose a las sillas durante las procesiones de Semana Santa del corriente año 2024.
El Gobierno municipal toledano anteriormente había licitado en enero un contrato para la instalación de sillas y tableros destinados a eventos de la Concejalía de Cultura y Festejos y, en febrero, otro contrato para establecer 2.900 sillas para la procesión del Corpus de Toledo. No obstante, ninguna de estas disposiciones incluía la Semana Santa o consideraba un contingente de sillas para personas con discapacidad o movilidad reducida, hecho que ha sido subrayado por el representante de Izquierda Unida Toledo como motivo de reprensión.
El contrato adjudicado a comienzos de marzo para la Concejalía de Cultura y Festejos, valorado en 97.966 euros y con una duración de dos años, contempla más de 20.000 sillas para diversas actividades como el carnaval, Corpus, Músicas del Mundo, Ferias de Agosto, Noche del Patrimonio o el Festival de Jazz.
Por su parte, el contrato respecto al Corpus, también concedido en marzo, detalla la disposición de 2.900 sillas a lo largo del recorrido procesional del Corpus de Toledo, permitiendo la venta del 86% de estas al precio de adjudicación, fijado en 11,50 euros. Este contrato específico abarca el año 2024 con opción a prorrogarse un año adicional. La controversia radica en el uso comercial de las vías públicas durante eventos significativos sin las adecuadas licitaciones y acuerdos previamente establecidos por la administración local.
