El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha registrado una moción que busca garantizar que las personas contratadas a través de los Planes de Empleo reciban una remuneración justa acorde con los convenios colectivos o los acuerdos marcos del personal municipal que realizan trabajos similares. La iniciativa propone que estos trabajadores temporales tengan como salario mínimo el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024, que tras el acuerdo del Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT, se establecerá en 1.134 euros mensuales repartidos en 14 pagas.
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha argumentado que los empleados de los Planes de Empleo desempeñan labores estructurales esenciales para el municipio, como tareas de jardinería, albañilería o mantenimiento de la ciudad. Estas funciones, según señala, no están incluidas en la Orden de los Planes de Empleo pero sí se han contratado a empresas privadas concesionarias de dichos servicios públicos.
Fernández ha expresado preocupación por la posibilidad de que estas contrataciones puedan hacer más eficientes los servicios que ya deberían ser cubiertos por las empresas privadas, lo que podría llevar a un solapamiento de responsabilidades y a la realización de trabajos por los que el ayuntamiento ya paga a dichas concesionarias.
El Ayuntamiento toledano prevé la contratación de operarios cualificados para medio año con un salario diario de 48,58 euros, una cifra que, desde el punto de vista del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos, resulta inferior a las condiciones establecidas en los convenios colectivos o acuerdos marcos aplicables a los trabajadores municipales fijos.
Fernández ha destacado que, según su experiencia, las funciones de los trabajadores de los Planes de Empleo serán equivalentes a las de los empleados municipales. A pesar de esto y debido a cambios en la denominación de la categoría laboral municipal realizados en 2020, su salario resulta ser menor, una situación que el portavoz considera injusta. Por último, ha enfatizado la necesidad de que en la administración pública se ofrezca igualdad de condiciones laborales y salariales cuando el trabajo realizado y las condiciones de servicio son las mismas.
