El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha expresado su preocupación por la calidad del servicio de arqueología municipal, tras la reciente licitación del contrato de ‘Control y seguimiento arqueológico de licencias municipales’. Según el portavoz del grupo, Txema Fernández, este contrato parece diseñado más como un instrumento de recaudación que como un mecanismo efectivo para garantizar el control arqueológico necesario en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad desde 1986.
Fernández ha señalado que, a poco más de un año para 2025, Toledo no cuenta con un servicio de arqueología que cumpla con las exigencias de control necesarias, lo que plantea serias dudas sobre la validez de los proyectos que se promueven en la ciudad. El portavoz ha abogado por que la Concejalía de Patrimonio desarrolle criterios de control patrimonial robustos, apoyados por un servicio arqueológico municipal que responda a los intereses de la ciudad y no solo a las necesidades de licencias urbanísticas.
El portavoz de IU ha recriminado la reciente tendencia a privatizar el servicio de arqueología, que se encuentra en manos privadas desde 2014. También ha criticado al equipo de Gobierno por mantener el servicio bajo contratos menores desde la renuncia de la anterior empresa a principios de noviembre, lo que a su juicio carece de transparencia y conlleva adjudicaciones que favorecen a determinadas empresas.
La situación del servicio es, según Fernández, alarmante, ya que el precio a la baja para la nueva licitación es de 35.000 euros, inferior al de años anteriores y por debajo de lo que percibe un arqueólogo en la Junta. Esto, considera, repercute negativamente en la calidad de los informes emitidos, dado que los criterios exigidos no se verían satisfechos, especialmente en un contexto en el que no se cuenta con un Plan de Ordenación Municipal (POM) y se están tramitando obras que podrían dañar el entorno natural de Toledo.
En otra temática relacionada, Fernández también ha abordado el desarrollo de una nueva promoción de 124 viviendas en el Polígono residencial, enfatizando la necesidad de construir con criterios de utilidad social. Ha subrayado que, para que una vivienda sea considerada asequible, una unidad familiar no debería dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que no sucederá en este caso, ya que los precios superarán los 550 euros más suministros e impuestos. Esto, según el portavoz, revela una desconexión con la realidad social y económica de Toledo, especialmente en lo que respecta a la población joven a la que buscan dirigir estos proyectos.
