El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha registrado un total de 17 alegaciones al texto de la nueva ordenanza que regula la actividad turística y la convivencia ciudadana en la ciudad. Fernández ha expresado su preocupación por la normativa, calificándola de «tardía, incompleta e inconcreta», y ha advertido que «de entrada, no se va a solucionar lo que se quería solucionar». El concejal de IU aboga por reducir el número máximo de personas en los grupos turísticos a 20, mientras que la actual normativa permite hasta 50 y hasta 30 en algunas áreas específicas, como el acceso a la calle Hombre de Palo.
Fernández argumenta que esta normativa es «irracional» y cuestiona la efectividad de cualquier sistema de control, sugiriendo que no hay garantías de que se implemente correctamente. En sus alegaciones, también pide que se amplíen las limitaciones de circulación de grupos turísticos a calles y plazas emblemáticas como la plaza de Zocodover, la calle Sillería y la plaza de San Vicente, entre otras.
Además, desde Izquierda Unida se destaca la necesidad de regular el impacto de los grupos turísticos sobre las infraestructuras públicas, como los remontes mecánicos de Safont y Recaredo, así como exigir mayor claridad sobre lo que está permitido y lo que no bajo la nueva ordenanza.
En cuanto a los ‘free tours’, Fernández ha propuesto que se prohíba la ocupación de espacios públicos para actividades comerciales y que se verifique el contenido de los relatos proporcionados a los turistas. El concejal considera que estos relatos deben ser contrastados por el Ayuntamiento, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ya que ha observado que algunos de estos relatos son «peculiares».
Txema Fernández también ha solicitado la prohibición del uso de megáfonos en espacios públicos y ha sugerido que se defina claramente qué se entiende por «hora punta», proponiendo que esta sea establecida durante los horarios de carga y descarga para facilitar el trabajo de las empresas del Casco Histórico que abastecen a los visitantes.
Para el régimen sancionador, Izquierda Unida ha planteado que se modifique la sección relacionada con quiénes pueden realizar denuncias, sugiriendo que solo la Policía Local tenga esa autoridad. En relación a las sanciones por faltas leves, IU propone que estas sean de 750 euros, en lugar de un rango que va de 0 a 750 euros.
Por último, Fernández ha hecho hincapié en la importancia de un turismo inclusivo, sugiriendo la incorporación de elementos técnicos como códigos QR o paneles en braille que permitan a las personas con discapacidad disfrutar de la ciudad. También ha propuesto que el nuevo Consejo Local de Turismo, que reemplazará al Patronato de Turismo, incremente la representación vecinal y reduzca el número de vocalías dedicadas a representantes del sector empresarial, abogando por una toma de decisiones más colegiada que considere las necesidades del conjunto de la comunidad, no solo de las empresas turísticas.
