El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, ha hecho un llamado a la nationalización total de Red Eléctrica Española, argumentando que debe estar bajo control del Estado al cien por cien para asegurar las inversiones necesarias en el sector. En sus declaraciones durante la manifestación del 1 de mayo en Toledo, Santiago subrayó que la búsqueda de beneficios no debe comprometer la inversión en infraestructuras ni poner en riesgo la seguridad del suministro eléctrico.
Al ser cuestionado por los medios sobre las responsabilidades posteriores al reciente apagón, anunció que se está a punto de aprobar una comisión parlamentaria de investigación que abordará la situación en el Congreso la próxima semana. «Es crucial investigar lo que ha sucedido, y una vez tengamos los datos, lo primero es tomar medidas para evitar que se repita. El control público estricto es la mejor garantía», afirmó Santiago.
El diputado apuntó a la necesidad de que las compañías eléctricas operen bajo un marco de control público, lo que considera esencial para avanzar en un sector energético en beneficio del conjunto de la sociedad y para hacer frente a las tensiones comerciales internacionales, como las provocadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Además, Santiago criticó la posible falta de inversión por parte del sector privado y señaló que si se ha dado una irresponsabilidad en la gestión, también debería ser objeto de revisión. Reiteró la importancia del control público no solo de Red Eléctrica, sino de todo el sector energético, resaltando que la transparencia en la información es fundamental. «Si las empresas no están dispuestas a compartir datos relevantes, los poderes públicos deben intervenir para garantizar que esto no se repita», indicó.
Por otro lado, el portavoz de IU expresó su preocupación en torno a la reciente oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA a Banco Sabadell. Santiago manifestó su temor por la posible pérdida de empleos, señalando que históricamente las fusiones bancarias tienden a afectar negativamente al empleo, especialmente en áreas vulnerables a la despoblación.
«Estamos muy preocupados por la reducción de oficinas en zonas rurales y por la eventual desatención a estas áreas. Si los servicios continúan desapareciendo, y el Estado y las empresas no refuerzan su presencia en esos territorios, la despoblación no solo no se detendrá, sino que se incrementará», advirtió. Añadió que la concentración bancaria podría conducir a un oligopolio, lo que supondría un riesgo para la diversidad y la competencia en el sector financiero.
