El portavoz de Izquierda Unida en Toledo, Txema Fernández, ha expresado su oposición a la decisión del Ayuntamiento de buscar financiación externa para abordar los problemas de movilidad en la ciudad. Este comentario surge tras las declaraciones del alcalde, Carlos Velázquez, quien anunció que el puente que conectará Azucaica con el Polígono, uno de sus principales proyectos, se financiará a través de un crédito bancario de 15 millones de euros.
Fernández ha señalado que no comprenden ni comparten la necesidad de recurrir a este tipo de financiamiento para un proyecto que consideran no resuelve las dificultades de tráfico en la TO-23, ni el incremento del tránsito de vehículos pesados en la zona. Además, el edil ha indicado que actualmente ya se están experimentando problemas como el aumento del ruido en las proximidades de la Residencia de San José, y que el puente podría agravar los problemas de movilidad en la zona industrial del Polígono.
A su juicio, en lugar de optar por la construcción de este puente, los 15 millones destinados a esta obra deberían invertirse en mejorar la red de autobuses urbanos, aumentando líneas y frecuencias para ofrecer una solución sostenible a la movilidad en la ciudad y crear un modelo de transporte colectivo que funcione como alternativa al uso del vehículo privado.
Fernández ha resaltado la importancia de cambiar la perspectiva del Gobierno local, que, según su criterio, está enfocando sus esfuerzos en inversiones orientadas a mejorar el transporte de vehículos privados. Ha mencionado que iniciativas como el tercer carril, los aparcamientos disuasorios de pago, o el propio puente, no solucionan los problemas de movilidad desde un enfoque integral que incluya el transporte público colectivo.
El concejal también ha criticado que una decisión de tal envergadura no se haya debatido en órganos de participación, advirtiendo que el coste del puente podría aumentar al incluir también las expropiaciones de terrenos necesarios para su construcción. Asimismo, ha expresado su preocupación por las repercusiones fiscales que podría tener la contratación de este crédito en el futuro, alertando de que podría incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos sin resolver los problemas actuales de movilidad.
Fernández concluyó destacando que el equipo de Gobierno parece más interesado en promover la adquisición de vehículos privados menos contaminantes —una opción accesible solo para una parte de la población— en lugar de fomentar una red de transporte público que incentive su uso y reduzca la dependencia del vehículo privado.
