El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha expresado su preocupación por el método utilizado para el control de los contratos municipales y su cumplimiento, especialmente considerando que son las propias empresas adjudicatarias las que eligen a las auditorías externas que supervisarán sus actividades. El portavoz de la formación, Txema Fernández, ha sugerido que una comisión sea la encargada de llevar a cabo esta labor de control.
Fernández ha señalado que resulta difícil imaginar que las empresas designadas para supervisar una actividad sean objetivas si son elegidas por quienes están bajo vigilancia. «Nos preocupa que ese control no sea todo lo efectivo que se merece la prestación del servicio», ha manifestado, haciendo hincapié en la importancia de garantizar la objetividad y seguridad en las auditorías, dado que los contratos para la gestión de servicios públicos representan casi la mitad del presupuesto municipal.
El concejal de IU ha recordado que en un pleno municipal de 2019 se aprobó la creación de una comisión compuesta por representantes de las empresas, trabajadores, técnicos municipales y miembros de cada partido político, para analizar el cumplimiento de los contratos. En la actualidad, diversos contratos, como los de parques y jardines, depuración de agua, mantenimiento de edificios, colegios y limpieza viaria, están bajo la fórmula de control criticada por Izquierda Unida.
Fernández ha resaltado que esta metodología puede generar anomalías, eligiendo como ejemplo el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, el cual fue adjudicado por un monto inferior al recomendado por los técnicos municipales. Este contrato estipula como falta grave que parte de la plantilla realice labores en otros municipios, lo que complicaría la tarea de vigilancia, la cual debería recaer exclusivamente en el Ayuntamiento y no en empresas vinculadas a la adjudicataria.
El concejal ha alertado sobre riesgos como el uso de personal asignado al contrato de Toledo para realizar trabajos en otros lugares, beneficiando así a la empresa responsable del contrato en la ciudad. Otro caso mencionado por Fernández es el contrato de depuración de agua, adjudicado a Aqualia por un valor significativamente inferior al estimado por los técnicos, cuyo proceso de auditoría externa también fue criticado, dado que la empresa propuso a su propio auditor para supervisar su cumplimiento.
Con un costo anual de 20.000 euros para la auditoría externa, Fernández ha reflexionado sobre la naturaleza del informe de cumplimiento, cuestionando la imparcialidad de una supervisión realizada por una empresa en la que Aqualia tiene una participación directa en la elección. Esta situación ha llevado a Izquierda Unida a instar al equipo de Gobierno a considerar un modelo de control más efectivo y transparente.
