El concejal de Izquierda Unida Podemos (IU-Podemos) en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha emitido duras críticas al contrato de Depuración de Aguas de la Ciudad de Toledo, al que tachó de reflejo de una «dejación de funciones» del equipo de Gobierno local. Fernández señaló que se ha procedido a la licitación del contrato sin llevar a cabo una evaluación previa sobre el funcionamiento de las instalaciones de depuración.
El grupo parlamentario de IU-Podemos, mediante una nota de prensa, ha denunciado que el contrato, que asciende a 55 millones de euros y abarca un periodo de 10 años, se adjudicará a la empresa que ofrezca el precio más bajo sin imponer requisitos mínimos de calidad. De acuerdo con Fernández, esta situación podría resultar en una gestión ineficiente de las estaciones depuradoras, y continuidas sanciones económicas al Ayuntamiento por no cumplir con la normativa medioambiental europea y nacional.
El portavoz de IU-Podemos criticó que el contrato carece de directrices claras para mejorar la calidad del agua y no establece la necesidad de realizar análisis químicos adicionales a los ya existentes. Además, denunció que se mantendrá la misma periodicidad de análisis cada tres meses, una frecuencia que ha conducido a multas reiteradas para la ciudad.
El procedimiento aprobado para la fiscalización también fue cuestionado por Fernández, quien lamentó que la auditoría del contrato estará a cargo de una empresa externa seleccionada por la propia adjudicataria, lo que, a su juicio, compromete la independencia del control y podría conducir a resultados sesgados y a la ausencia de sanciones por incumplimientos.
El contrato incluye una asignación de cuatro millones de euros para labores de mantenimiento, que deberá realizar la empresa adjudicataria. No obstante, Fernández advierte que cualquier nueva obra necesaria para el óptimo funcionamiento de las depuradoras incurrirá en gastos adicionales por parte del Ayuntamiento.
El edil de IU-Podemos también criticó la valoración subjetiva de los planes de explotación y de gestión medioambiental, señalando que pesan muy poco en la puntuación total del contrato. Esto incluye las medidas para mitigar los olores de las instalaciones que afectan particularmente al barrio del Polígono. Además, critica que los criterios sociales, como el compromiso con la conciliación o la diversidad e igualdad, apenas cuentan con dos puntos sobre cien.
Por último, Fernández condenó que no se determinen plantillas mínimas para operar cada una de las cuatro depuradoras de la ciudad, un déficit que, en su opinión, ha sido una tendencia preocupante en los contratos recientes del Ayuntamiento. Concluye que una evaluación detallada habría sido esencial para garantizar un adecuado plan de inversiones y mejoras operativas en el servicio de depuración.
