El responsable regional de Empleo y relaciones con los Sindicatos de Izquierda Unida, J.Gregorio García-Dotor, ha pedido al Gobierno regional que inspectores vigilen que los ayuntamientos cumplen la legalidad con los planes de empleo.
García-Dotor ha afirmado que las denuncias y las numerosas sentencias de los Tribunales de lo Social de Castilla-La Mancha evidencian que «la realidad dista mucho de los objetivos exigidos en los Planes de Empleo» porque «ni se produce la inserción laboral y la formación profesional de los trabajadores, ni los proyectos son de interés general y social».
Además, la formación de izquierdas ha advertido en nota de prensa que a los trabajadores se les debe aplicar el régimen retributivo establecido en el convenio del personal laboral, «pues lo contrario es discriminatorio e inconstitucional».
En desarrollo de la orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que regula las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, los ayuntamientos están publicando las bases de los Planes de Empleo.
Gregorio García-Dotor ha explicado la disconformidad de la formación con determinados aspectos de la regulación sabedores de que «las familias necesitan trabajar».
NO HAY INSERCIÓN LABORAL
Según el responsable de IU, las denuncias de los sindicatos y de los contratados, así como las numerosas sentencias de los Tribunales de lo Social de Castilla-La Mancha, evidencian que «la realidad dista mucho de los objetivos y finalidades exigidos» porque «ni se produce la inserción laboral y la formación profesional de los trabajadores, ni los proyectos subvencionables son de interés general y social».
De ahí que el responsable regional de Empleo y relaciones con los Sindicatos de Izquierda Unida apunta que «se utiliza a los contratados en puestos de trabajo estructurales, ocupando plazas vacantes y realizando sustituciones de empleados públicos, colaborando en labores de servicios externalizados o privatizados incrementando así el lucro de las empresas concesionarias, o, lo que es peor, en puestos de trabajo carentes de ocupación real y efectiva».
En este sentido, Izquierda Unida CLM demanda a Empleo que el convenio, suscrito en 2020, con la Inspección de Trabajo y Seguridad incluya la realización de inspecciones y controles para comprobar la existencia de un proyecto real de interés general, de una ejecución viable y del empleo efectivo», control que sólo será eficaz con la visita no avisada a los centros de trabajo municipales. Para ello «se requiere contar con personal funcionario con capacidad y experiencia, profesionales que la Junta no tiene».
«El salario será el establecido en los convenios del personal laboral de los ayuntamientos, lo contrario es discriminatorio e inconstitucional»
Sobre la modalidad de contratación, la duración y jornada de los contratos, IU denuncia que la orden omite la regulación del salario. Ante ello,insta a atender a la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que determina que el salario será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, y, sólo en su defecto, serán retribuidos por el Salario Mínimo Interprofesional.
«Sin embargo, los convenios del personal laboral de muchos ayuntamientos excluyen de su ámbito de aplicación a los trabajadores contratados con Planes de Empleo, las denominadas cláusulas de exclusión, lo que sirve de argumento para justificar el abono del SMI. Pero dicho argumento es contrario a la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que mantiene que a los trabajadores contratados se les debe aplicar el régimen retributivo establecido en el convenio del personal laboral, pues lo contrario es discriminatorio e inconstitucional», ha denuncidao García-Gotor.
Izquierda Unida realiza un llamamiento a los sindicatos para que impugnen los convenios colectivos de personal laboral de aquellos ayuntamientos que contienen las cláusulas de exclusión en los planes de empleo. «Lo contrario es colaborar con la institucionalizan la precariedad laboral», ha concluido.
