En un giro reciente que desafía la estrategia gubernamental contra la inmigración irregular en Italia, la Corte de Apelación de Roma anuló este viernes el arresto de 43 inmigrantes, que habían sido retenidos en centros ubicados en Albania como parte del denominado «Plan Albania», promovido por el Gobierno de Giorgia Meloni. Los afectados, 35 bangladesíes y 8 egipcios, quienes habían visto negadas sus solicitudes de asilo en Albania el jueves anterior, permanecían en este país desde el martes tras ser interceptados en el Mediterráneo central.
Esta decisión judicial evita la deportación de los inmigrantes y dictamina su traslado a Italia, el cual se llevará a cabo inminentemente. Este incidente marca el tercer fracaso consecutivo del Gobierno de Meloni en implementar eficazmente su «Plan Albania» que busca externalizar la gestión y eventual repatriación de inmigrantes sin derecho a asilo, específicamente hombres adultos provenientes de países considerados como seguros.
Los esfuerzos anteriores, dados en octubre y noviembre, también se vieron frustrados por la justicia italiana al no validar las detenciones. La justificación se basó en el argumento de que ni Egipto ni Bangladés pueden ser considerados seguros en su totalidad, respaldándose en un fallo de la Justicia europea que afirma que para tal clasificación, un país debe ser seguro en toda su extensión.
Este contencioso ha desencadenado un pulso entre el ejecutivo italiano, que incluyó a Egipto y Bangladés en su relación de países seguros, y el entramado judicial, que ha solicitado la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya decisión se aguarda para el 25 de febrero.
No obstante, el panorama experimentó un cambio significativo el pasado diciembre cuando el Tribunal Supremo italiano dictaminó que la definición de países seguros es competencia de los Estados miembros, un dictamen que ha sido bien recibido por el Gobierno de Meloni.
Durante la operación más reciente, un total de 49 inmigrantes fueron enviados hacia Albania en el buque militar ‘Cassiopea’. Sin embargo, seis de ellos tuvieron que ser retornados a Italia debido a su condición de menores de edad o personas vulnerables, a quienes se les reconoce el derecho de solicitar asilo internacional.
Este episodio pone en evidencia la continua tensión entre las políticas de inmigración del gobierno italiano y los mandatos judiciales, a la vez que resalta los desafíos que enfrenta Europa en su enfoque hacia la inmigración irregular y el asilo. Con la expectativa puesta en el fallo próximo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Italia y sus políticas de inmigración permanecen en el foco de un debate que trasciende sus fronteras.
